Diputados y senadores de Morena empujan una iniciativa para modificar la reforma judicial, con el fin de postergar de 2027 a 2028 la elección de juzgadores, e introducir mejoras en la selección de los candidatos.

Los legisladores parten de un análisis sobre la elección judicial de 2025: a juzgados y tribunales llegaron algunas personas totalmente ajenas al perfil idóneo y eso se refleja en la baja calidad de sus resoluciones, varias de las cuales rayan en la franca ilegalidad o la injusticia. Entre ellos se encuentran ex dirigentes partidistas locales.

Entre las razones por las cuales se colaron perfiles cuestionables, los morenistas ubican el hecho de que los comités de evaluación aplicaron criterios y metodologías diferentes, con un importante componente político y no técnico en la selección de los aspirantes, que la reforma se desarrolló en plazos muy reducidos y los gobiernos locales tuvieron una influencia significativa en la designación de los candidatos.

Además, se presentaron dinámicas nocivas en los comicios, como la movilización de estructuras político partidistas para promover a candidatos vinculados al poder más que a trayectorias solventes, explicó el senador Javier Corral, quien junto con los diputados Mariana Benítez y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros, impulsan cambios a la reforma judicial.

La idea es presentar la iniciativa lo más rápido posible para que se pueda aprobar en el Congreso antes de junio próximo, cuando vence el plazo para realizar modificaciones de índole electoral ante el inicio del proceso comicial de 2027 en septiembre venidero.

Por lo anterior, los legisladores se han dedicado a sumar voluntades en busca de que el documento llegue ante el pleno senatorial y de diputados con el mayor consenso posible.

Benítez, Ramírez y Corral sostuvieron, en entrevistas por separado, que el propósito de su propuesta es fortalecer la reforma judicial. De hecho, subrayaron que dentro del gobierno existe la misma intención, pues hay voces que plantean la necesidad de hacerle mejoras. Entre ellas se encuentran la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el ministro Arturo Záldivar.

También señalaron que es importante que la segunda etapa de la elección judicial se vaya a 2028, tras advertir sobre el riesgo de que en 2027 el Instituto Nacional Electoral quede “muy desafiado” en sus capacidades para organizar ese proceso al mismo tiempo que el federal intermedio.

Alertaron que si se empalman las dos contiendas, como lo establece actualmente la Constitución, se podría registrar una baja participación de votantes en la judicial. Recordaron, al respecto, que cada una de ellas tiene sus propios centros de votación, es decir, deben establecerse por separado.

La iniciativa que proponen los legisladores guindas plantea que los aspirantes a juzgadores presenten una certificación obligatoria emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Igualmente, se prohíbe haber sido militante de una agrupación política o haber desempeñado cargos de dirección partidista en el año previo a la convocatoria, así como haber ocupado puestos a nivel estatal o municipal.

El documento contempla la existencia de un solo comité de evaluación y limita la insaculación de aspirantes únicamente para los casos donde haya empate en sus calificaciones. Esto para evitar que la tómbola deje fuera perfiles con experiencia.