En la Ciudad de México, la atención a personas en situación de calle se limita a acciones inmediatas como alimentación y resguardo temporal, sin que exista una política integral que atienda las causas estructurales que las llevan a vivir en el espacio público. A su vez, la capacidad institucional resulta insuficiente frente a la demanda poblacional; los albergues no cuentan con cupo suficiente, y en su mayoría operan como soluciones provisionales que terminan prolongándose por años.

“Lo menos que puede hacer el Estado es garantizar comida y un techo bajo el cual dormir, pero falta ir más allá”, señaló en entrevista Volga Pilar de Pina Ravest, cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina, al señalar la necesidad de programas que consideren empleo, salud mental, educación y acceso a identidad jurídica.

De acuerdo con el censo de la Secretaría del Bienestar en 2025, al menos 2 mil 800 personas viven en situación de calle; no obstante, la cifra difiere de la reportada en 2017, cuando se reconocía una población cercana a 6 mil personas, lo que refleja un posible subregistro del verdadero alcance de este fenómeno en la capital.

De este universo, los hombres representan casi 85 por ciento, aunque en años recientes ha aumentado la presencia de mujeres en situación de calle, muchas expulsadas de sus hogares por contextos de violencia y sin redes de apoyo. La especialista advirtió que también se suman personas con problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias, y otros sectores atravesados por distintas formas de exclusión.

Aunque las mujeres son quienes suelen permanecer menos tiempo en condición vulnerable, también hay personas que atraviesan de manera transitoria esta situación, otras permanecen por más tiempo debido a la falta de familia, la distancia del lugar de donde provienen, las agresiones sufridas a lo largo de su vida y las posibilidades reales de acceder a educación y empleo. A esta realidad se suman las infancias, así como personas con discapacidad cuya atención se vuelve todavía más compleja por condiciones de vida marcadas por la malnutrición y el deterioro de la salud.

Pilar de Pina señaló que los albergues pueden representar una alternativa válida, pero advirtió que “no hay suficiente capacidad” para responder a la demanda. Explicó que estos espacios fueron concebidos como una medida temporal, pero en la práctica hay personas que permanecen en ellos durante años.

Añadió que persisten vacíos legales ante las necesidades para la reintegración social de esta población, pues muchas personas ni siquiera cuentan con documentos de identidad, y aunque organizaciones civiles han logrado algunos casos de éxito para garantizar derechos fundamentales, reconoció que siguen siendo pocos frente a la magnitud del fenómeno.