El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CDF), que hace dos semanas emitió un informe sobre esta problemática en México, defendió la autonomía de sus decisiones.

Lo anterior, en marco de la reunión que sostendrá el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que uno de los temas a tratar será el citado documento, que ha sido rechazado por la administración federal.

Sin referirse directamente al caso, en redes sociales, el presidente del CDF, Juan Pablo Albán, destacó que no hay una relación de subordinación jerárquica con la Oficina del Alto Comisionado y no puede revisar o sustituir las decisiones del Comité, el cual solicitó al secretario general, António Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

Expuso que los comités de expertos de la ONU (entre ellos el CDF), “ejercen mandatos conferidos directamente por los tratados internacionales y adoptan sus decisiones con plena autonomía e imparcialidad, aplicando el derecho internacional relevante”.

Niega subordinación al Alto Comisionado

Indicó que en el cumplimiento de sus funciones, estos órganos reciben el apoyo “imprescindible” de la Oficina del Alto Comisionado en los ámbitos administrativo y secretarial, conforme al marco convencional y al mandato del Secretario General, pero esto “no entraña relación de subordinación jerárquica ni habilita la revisión o sustitución de sus decisiones, ni afecta la independencia de sus deliberaciones”.

Albán señaló que las competencias de la Oficina del Alto Comisionado y las de los Órganos de Tratado, como componentes del sistema universal de derechos humanos, “son distintas pero intrínsecamente complementarias y convergentes: desde sus respectivos mandatos, deben colaborar y actuar de manera coordinada para fortalecer la aplicación efectiva de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en el mejor interés de las víctimas y en favor de la plena garantía de sus derechos”.