Editorial

La revocación de mandato para los juzgadores electos el año pasado, mencionada por la titular del ejecutivo, implica un reconocimiento tardío de la falta de resultados de un alto número de juzgadores. Tal medida originalmente fue concebida para el titular del ejecutivo. Sugerir tal aplicación, implica una equiparación de los jueces con el ejecutivo: se trata de una dupla que forma una entidad que puede tener el mismo tratamiento. Es la aceptación de que no hay división de poderes. Encima, supone el señalamiento de que el tribunal de disciplina judicial no es suficiente para regular el debido desempeño de esos juzgadores electos. Para tan precarios resultados de la reforma judicial, hubiera bastado cambiar a los ministros y colocar en el extinto consejo de la judicatura a verdaderos juristas para revisar el desempeño judicial.