La iniciativa en contra del delito de extorsión que envió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la Ciudad de México considera una pena de hasta siete años de prisión y multa de hasta 117 mil pesos a quien incurra en hostigamiento coercitivo, que consiste en obligar a una persona a dejar de hacer o tolerar cualquier omisión.

Según el documento, esta acción es muy común entre quienes ejercen cualquier tipo de extorsión, pues se trata de un acto preparatorio para cometer dicho delito.

La reforma al Código Penal local propone siete agravantes, cuyo castigo se incrementará hasta en una mitad cuando se empleen armas, instrumentos peligrosos u objetos que simulen un arma de fuego; cuando se utilice a menores de edad, y cuando la víctima sea adulta mayor, con discapacidad, un menor de edad o mujer embarazada.

También, cuando se empleen imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o simulados; cuando el sujeto activo se encuentre privado de la libertad en algún centro penitenciario o de reinserción social; cuando el victimario sea un servidor público y/o cometa el delito con motivo de sus funciones, o cuando la comisión del delito tenga como finalidad impedir la denuncia de un delito o participar en algún proceso judicial o administrativo.

En el caso de que sea un funcionario de gobierno, además de la pena privativa de la libertad se impondrá como castigo la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar el servicio público.

“Esta norma permitirá sancionar a quienes, aún sin buscar la obtención de un beneficio, como sería la exigencia de un pago, ejerzan actos de violencia que estén dirigidos a anular la voluntad de otra persona, incluso sin causarle un daño o afectación directa”, indica la iniciativa.

Destaca que la nueva redacción respecto a la extorsión, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México el año pasado, es un “campo” legal y suficientemente sólido para actuar preventivamente en contra de este delito, pues sanciona la acción de obligar a alguien o de pretender obligarlo, colocando la violencia como el medio en todos los casos.

Una vez que el Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal, ésta se hará de conocimiento oficial del pleno y se enviará a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.