Ante la entrada en vigor el pasado viernes de la enmienda que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos, el equipo jurídico de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) alista una demanda colectiva de 2 mil agremiados afectados, señaló su secretario general, Martín Ruiz Gámez. “La reforma es anticonstitucional y afectará derechos adquiridos”, dijo.

Mientras, otro grupo de alrededor 300 ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Banobras y Banrural interpuso los primeros amparos el pasado lunes ante un juzgado en materia administrativa, indicó a La Jornada Fernando Martínez, abogado de los inconformes.

En el caso de la UNTPP, Ruiz Gámez comentó que los ex empleados “están muy molestos, porque la mayoría no tienen pensiones doradas. Nunca imaginaron que el gobierno tomaría una decisión así de tajante. Nuestros compañeros cobraron durante años un sueldo conforme al perfil con el que se jubilaron”.

Señaló que las remuneraciones son producto de décadas de servicio, de más de 30 años, no de designaciones discrecionales para altos funcionarios.

El jurista Fernando Martínez manifestó que hay una campaña de vapuleo y estigmatización contra los trabajadores del Estado que laboraron durante décadas en instituciones públicas. “Fueron productivos para diferentes instituciones y en algún momento acordaron por contrato colectivo, por condiciones generales, incluso hasta por laudos, el pago que les permitiera tener una vida digna cuando se retiraran.

“Sin embargo, empezaron a ser estigmatizados como si esas pensiones hubieran sido producto de la corrupción o de algún favoritismo injustificado, que no digo que no hubiera en casos muy bien determinados, pero en el grueso de todos los empleados de Pemex, CFE, Banobras, Banrural, participaron de la generación de riqueza para el país; entonces, conforme a la norma, les dieron sus pensiones después de trabajar durante décadas, y ahora simplemente llegan y se las quitan, en franca violación al estado de derecho”.

Los cambios al artículo 127 de la Constitución indican que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea por desempeño de varios empleos o producto de condiciones generales de trabajo, de una labor técnica calificada o por especialización en su función.