Al insistirle sobre la intimidación que han enfrentado los trabajadores de la minera Camino Rojo por parte del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el caso se revisa con las autoridades correspondientes.

Aun cuando el lunes se comprometió a que en la mañanera del martes se darían detalles de los abusos y amenazas en esa mina, ubicada en Zacatecas y que está concesionada a la compañía canadiense Orla Mining, la mandataria dijo que apenas ayer se reuniría con el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, para conocer a fondo la situación.

–¿Hay complicidad entre la empresa y el crimen organizado? –se le preguntó, pues un panel del T-MEC que indagó el asunto concluyó que la firma es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales.

–Eso es lo que estamos revisando con el gabinete de seguridad y, además, todo lo que tiene que ver con los paneles internacionales.

Ante eso, se le preguntó si eventualmente se le puede retirar la concesión a la compañía minera canadiense, a lo que la jefa del Ejecutivo contestó: “Vamos a revisarlo con secretario del Trabajo y, por supuesto, lo informamos”.

La semana pasada, La Jornada documentó el caso de la minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, donde se utilizó al crimen organizado para amenazar y violar los derechos de los trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Minero.

Este diario dio a conocer que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata localizada en el municipio de Mazapil, fue responsable y guardó silencio en torno a la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado contra los trabajadores.