Madrid. Cientos de miles de personas que residen en España sin documentos actualizados podrán regularizar su situación y tener los derechos y obligaciones de un trabajador “legal”.

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de Ministros el decreto de ley con el que se abre oficialmente la cuarta regularización masiva de migrantes desde la restauración a la democracia; la primera la llevó a cabo el ex mandatario socialista Felipe González en 1991, después fue el conservador José María Aznar en 2001, posteriormente el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y, finalmente la de este año, que abre la vía para la incorporación al mercado laboral legal a más de 800 mil personas.

Las cifras sobre los potenciales beneficiados de la medida gubernamental varían en función de las instituciones, pero todas coinciden en que el número total de migrantes sin papeles en España oscila entre 500 mil y 900 mil. Todos, si cumplen los requisitos, podrán tener su residencia legal, lo que les abre las puertas a un puesto de trabajo con todas las garantías en derechos y obligaciones. Se trata de una de las mayores regularizaciones de los años recientes, con un enfoque centrado en el arraigo y la integración social.

El decreto establece dos grandes perfiles de beneficiarios. Por un lado, los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud de asilo antes del 1º de enero pasado, independientemente de que esté en trámite o haya sido rechazada. Y por otro, los extranjeros en situación administrativa irregular que ya residan en España. En este caso, deberán demostrar que se encontraban en el país antes de esa fecha y que han permanecido al menos cinco meses de forma continuada en territorio español. La medida no establece restricciones por nacionalidad y está pensada para quienes ya tienen algún grado de arraigo, ya sea social, familiar o laboral.

Sánchez explicó en una carta abierta a la ciudadanía que se trata de “una iniciativa que ha logrado algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir. Ha contado con el respaldo de la lglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”.

Señaló que “es también un acto de justicia con nuestra propia historia. Con nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor. Con nuestros hermanos y hermanas que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron. Y con sus remesas y con todo lo aprendido fuera, contribuyeron también a modernizar España”.