La reforma constitucional en materia de feminicidio que se votará el próximo martes en el Senado, abre el camino a una legislación general que homologue las bases mínimas en todo el país combatir ese delito, que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a descender, destacaron senadoras de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con datos oficiales, mientras en 2021 se registraron mil 22 víctimas a nivel nacional, en 2025 la cifra bajó a 732, y de a febrero de este año se han registrado 94 feminicidios, 39 de esos delitos en Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas comentó la senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa.

De ahí la relevancia, recalcó, de esa reforma constitucional que ayudará a frenar los asesinatos de mujeres, al obligar a las entidades federativas “a dejar la simulación y estrenar una política de averiguaciones con perspectiva de género”.

Declaró que la homologación del tipo penal, que hoy varía en las entidades de la República, con penas desde 20 años hasta la prisión vitalicia, “no es un ajuste técnico menor, sino la posibilidad de construir una arquitectura nacional más seria, coherente y justa frente al crimen más atroz contra las mujeres que es el feminicidio.

“No sólo unificar criterios en la tipificación, sanciones y agravantes, sino también coordinación entre federación y entidades federativas, acceso efectivo a la justicia, reparación integral del daño y protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio”, resaltó.

Con ello coincidieron las senadoras Karen Castrejón del PVEM y la petista Yeidkol Polevnsky.

Por separado, el senador de MC Luis Donaldo Colosio resaltó que la existencia de 32 respuestas penales, más una federal a un mismo delito, es una falta de diseño que ha operado en contra de las víctimas de feminicidio, “generando una información diferenciada por territorio, perpetuando una desigualdad que el propio texto constitucional prohíbe desde su origen”.

La fragmentación normativa convierte a la víctima en un sujeto procesal completamente desigual, dependiendo de la entidad federativa en la que se cometió el delito. Sus derechos no tienen el mismo peso en Chiapas, que en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa o Sonora.

Agregó que cada año que pasa sin esa homologación es un año más de impunidad, por lo que se congratuló de que se corrija esa omisión que afecta de manera drástica el derecho a la justicia de las víctimas y familiares de feminicidio.