Zacatecas, Zac., El fiscal de Zacatecas. Cristian Camacho Osnaya, informó que hasta ahora, la institución a su cargo no ha recibido “ninguna” denuncia de que la minera Camino Rojo, de la empresa canadiense Orla Mining Ltd. haya utilizado al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero y buscar que desertaran del gremio.

Entrevistado al término de una ceremonia de destrucción de armamento en la 11 Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas, –donde se realizó la mesa semanal para la construcción de la paz–, dijo: “no tenemos ninguna denuncia hasta el momento… al contrario (sic), tenemos acercamiento permanente y constante con el gremio minero”.

Aseguró que desconocía la investigación que realizó el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, que determinó que la empresa minera ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, es “responsable directa de injerencia patronal”, de interferir en el proceso interno para que sus trabajadores decidieran su afiliación sindical, utilizando para ello a presuntos integrantes del crimen organizado que amenazaron de muerte y coaccionaron a los mineros pertenecientes a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.

Camacho Osnaya dijo que se enteró del hecho a partir de la nota publicada en La Jornada en su edición del jueves, y sostuvo: “No tenemos ninguna denuncia”.

No obstante, el tema se abordó en la reunión a puerta cerrada de los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz, que encabezó el gobernador David Monreal Ávila. El fiscal dijo que se acordó “entrar en contacto con la empresa”, es decir, se les ordenó contactar a los directivos acusados de una infracción legal–laboral, y no con el sindicato y sus agremiados afectados.

Sin embargo, sí hay antecedentes de hechos presuntamente relacionados entre compañías mineras y el crimen organizado. El caso más reciente y grave ocurrió en noviembre de 2024, cuando un comando armado asaltó un convoy de camiones de carga mineros sobre la carretera federal Zacatecas–Saltillo, justo a la altura de la comunidad de San Tiburcio, donde se ubica el acceso a la mina Camino Rojo.

Los sujetos armados se llevaron con lujo de violencia una docena de trailers con doble remolque de góndolas –secuestrando por horas a sus choferes y guardias de seguridad–, procedentes de otra mina cercana, Peñasquito, de la estadunidense Newmont, con un millonario cargamento de concentrados minerales de oro y plata.

Los camiones vacíos aparecieron diez días después en la comunidad de Victoria, Durango. A la fecha, la fiscalía del estado no ha informado de ningún detenido, a pesar de las denuncias que, sobre el robo multimillonario, interpuso Peñasquito.