esde el inicio del actual gobierno, la Secretaría de Ciencia –muy cercana al núcleo de decisiones presidenciales– anunció proyectos que, en el papel, prometen transformar sectores estratégicos: semiconductores, autos eléctricos, satélites, supercomputadoras, drones. La ambición no es el problema. El problema es que esos anuncios no corresponden con la base industrial, tecnológica e institucional del país. México no cuenta hoy con la capacidad productiva ni con las cadenas de valor necesarias para materializarlos. No se trata de una estrategia de desarrollo con etapas definidas, sino de promesas que enfrentan restricciones conocidas desde el inicio. Esto no es un error de cálculo. Es una decisión de anunciar lo que no se puede ejecutar.
El patrón se repite en otros ámbitos. Han aparecido episodios que, por separado, podrían parecer menores: una imagen desde un balcón de Palacio Nacional, una reacción oficial que primero niega y luego corrige, decisiones que se explican después de haberse tomado. En el ámbito legislativo se impulsan reformas sin prever escenarios adversos ni construir rutas alternativas. A ello se suma una narrativa que exagera cifras o presenta datos sin sustento suficiente. En política exterior ocurre algo similar: se insiste en describir la relación con Estados Unidos como sólida, mientras la percepción pública y múltiples señales apuntan en sentido contrario. No es un problema de comunicación. Es un problema de conducción.
No son hechos aislados. Hay una secuencia clara. Se anuncian proyectos sin base material, se pierde control en la operación cotidiana, se toman decisiones sin prever consecuencias y se sostiene un discurso que no corresponde con los resultados. El problema no es cada episodio. Es el método. Se ha sustituido el diseño por la narrativa.
Distintas lecturas han tratado de explicar este momento. Gerardo Esquivel ha señalado que no se puede reducir el análisis a decisiones individuales. Jesús Silva-Herzog Márquez ha advertido que el poder concentrado implica responsabilidad. Viridiana Ríos ha señalado que los incentivos actuales permiten que los errores se repitan. Todo eso es cierto, pero insuficiente. Lo que se observa es algo más básico: ausencia de proyecto, ausencia de conducción y ausencia de corrección.
La estructura de decisiones lo confirma. Posiciones claves responden a lealtades y cercanías, y no a capacidades verificables. Las áreas se coordinan mediante relaciones personales más que por diseño institucional. Las responsabilidades se vuelven difusas y no hay claridad sobre dónde se toman las decisiones ni con qué criterios. En algunos casos, ni siquiera es evidente quién conduce. Sin contrapesos internos, el gobierno pierde capacidad de ajuste. Los errores dejan de ser excepciones y se vuelven práctica.
A esto se suma un cambio en la composición del propio gobierno. La incorporación de funcionarios que no comparten los principios originales del proyecto y el desplazamiento de quienes sí los sostenían han modificado su orientación. No es un problema de nombres. Es un problema de coherencia. Un proyecto que pierde consistencia en sus convicciones pierde también dirección.
En este entorno, la crítica no corrige, se desincentiva. Las voces que cuestionan se marginan o se descalifican, y con ello se reduce aún más la posibilidad de ajustar el rumbo. El resultado es un circuito cerrado en el que las decisiones se toman, se defienden y se repiten sin revisión efectiva.
La discusión sobre si el problema es el equipo o la persona es secundaria. El problema no es quién ocupa los cargos, sino la forma en que se está ejerciendo el poder. En ese marco, se vuelve evidente la ausencia de un proyecto que ordene las decisiones y de una conducción que les dé dirección. Sin proyecto, las decisiones dejan de responder a una orientación y se vuelven reactivas. El gobierno avanza como un proceso aleatorio: sin rumbo, sin dirección y sin acumulación. Sin conducción, las decisiones se dispersan. Sin crítica, no se corrigen. Lo que queda es un gobierno que administra problemas en lugar de resolverlos.
Este deterioro no es abstracto. Afecta a un proyecto político que planteó un cambio de fondo. Para quienes vimos en ese proyecto una posibilidad real de transformación, el deterioro es evidente. No por la oposición, sino por decisiones internas que están erosionando sus bases.
Y lo más delicado es el tiempo. Este proceso ocurre cuando aún falta la mayor parte del sexenio por transcurrir.












