Para México es fundamental extraer gas de manera racional, sostenida y con el menor daño ambiental y social posible, declaró Fluvio Ruiz, ex consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hay países que sí tienen dependencias hasta total en materia de hidrocarburos. Pensemos en Japón, pero tienen distintas fuentes de aprovisionamiento. Nosotros, con el tratado de Libre Comercio, terminamos construyendo una inserción subordinada de nuestro país en la región norteamericana que nos llevó a esta situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos, que es necesario mitigar” y requiere disminuir la quema de gas.

“Quemamos una cantidad de gas que rebasa varias veces el límite reglamentario, que es de 2 por ciento, y se quema cuando menos 7 por ciento. Lo primero es reducir esta quema de gas hasta desaparecerla si es posible.”

El analista refirió que, en segundo término, la autosuficiencia pudiera acompañarse de una revisión del diseño institucional, particularmente del régimen fiscal aplicable a este combustible. “Creo que el gas debe tener su propio régimen; hoy se diferencia frente al crudo sólo en la tasa que se paga del derecho petrolero del bienestar, pero me parece que debe ser un esquema general justo para el gas. Debe tener, por ejemplo, elementos como la recuperación de costos”.

Expuso que extraer la riqueza en materia de gas implica tener ingresos fiscales que apoyen la seguridad energética.

“Tenemos que buscar un régimen fiscal adecuado, construido para el gas en específico. También podríamos pensar en recuperar las deducciones que podía hacer Pemex en los yacimientos convencionales y la de 60 por ciento del valor de lo extraído, que se quitó con el derecho petrolero del bienestar”, recordó.

El derecho petrolero para el bienestar es un nuevo régimen fiscal en México que simplifica la carga tributaria de Pemex a una tasa única de 30 por ciento sobre el petróleo y 11.63 por ciento para gas no asociado. La intención es aliviar la presión financiera a la empresa, permitiéndole retener más recursos, garantizando la soberanía energética y destinando fondos a la tesorería federal.