Más de 73 por ciento de la deforestación bruta (permanente) en México fue ocasionada por la conversión de terrenos forestales a praderas para uso ganadero, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre 2001 y 2024, el promedio anual de pérdida fue de 203 mil 552 hectáreas, de las cuales 95 por ciento se dieron de forma ilegal, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo autoriza cambiar el uso de suelo de 12 a 13 mil hectáreas al año.

A esto se suma que 22 por ciento de la conversión de terrenos se dio para utilizarse en cultivos agrícolas.

Según el Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2025-2030, las principales ecorregiones afectadas son las selvas cálido-húmedas (42 por ciento), selvas-cálido secas (27 por ciento), sierras templado frías (17 por ciento) y otras (14 por ciento).

Frente a este panorama, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) desarrolla un proyecto para el sector ganadero que busca transformar las reglas del sistema que “hoy limitan la adopción de prácticas sostenibles, que bajen las emisiones de metano y reduzcan la deforestación”, el cual recibe apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El organismo internacional informó que ésta es la primera iniciativa en su tipo en el país y forma parte de la fase de preparación de un proyecto aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

“La deforestación en México es una problemática interinstitucional. Desde el sector agropecuario, la ganadería se reconoce como uno de los principales factores asociados a la pérdida de cobertura forestal, lo que plantea la necesidad de avanzar hacia soluciones que integren a múltiples sectores y actores”, subrayó la FAO.

Por lo anterior, también participan la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras instituciones.

En el centro de la propuesta, dijo, se encuentra un cambio estructural, que es impulsar un modelo ganadero viable como negocio, capaz de generar valor económico, social y ambiental, alineado con los mercados, el financiamiento y los compromisos climáticos y de biodiversidad del país, sin depender exclusivamente de subsidios.

Como parte de esta fase de elaboración, se llevaron a cabo cuatro mesas técnicas de trabajo orientadas a establecer los componentes estratégicos del proyecto, entre ellos, coherencia de políticas, financiamiento y modelo de negocio, sistemas de trazabilidad, puesta en marcha territorial y gestión del conocimiento.