n agosto de 1978, siendo estudiantes, acompañamos la huelga de hambre de las doñas del Comité de Familiares de Presos, Desaparecidos y Perseguidos Políticos. Estaban Claudia, Mireya, Edur, Baltasar, Ernesto, Carlos, Julio, Gerardo y muchos más. Éramos alumnos dela UNAM y nos acercamos a Ro-sario Ibarra, especialmente, a De-lia Duarte, madre de Rafael Ramí-rez Duarte, compañero de Econo-mía, desaparecido un año antes.

En medio de la guerra sucia entendíamos bien la dimensión política de lo que ocurría. Además, intuíamos algo esencial: frente a la desaparición de un hijo no hay trámite que alcance ni tiempo que justifique la espera. Había, en la presencia de esas mujeres, una lección política y moral que no cabía en los expedientes: la urgencia no se administra; se escucha.

Han pasado décadas.

Y, sin embargo, el dolor que recorre el país se ha magnificado. La guerra contra el narco abrió una nueva oleada, masiva, de desapariciones. Hoy, doña María Herrera –con cuatro hijos desaparecidos– encarna la persistencia de aquella lucha. No como evocación melancólica de un pasado que se resiste a irse, sino como expresión de un presente que aún no se resuelve. Como aquellas mujeres de finales de los 70, María Herrera y tantas otras han sostenido la búsqueda desde la dignidad: con paciencia que no es resignación, con constancia que no es costumbre, con una fuerza que nace de la ausencia y se organiza en comunidad.

En estos años, los colectivos de familiares han construido rutas de búsqueda, metodologías, redes de apoyo y lenguajes públicos. Han tenido que hacerlo, en buena medida, porque el Estado –en sus distintos niveles– no ha estado a la altura de la magnitud del problema. Y, aun así, han sido ellas y ellos quienes, una y otra vez, empujan a las instituciones a moverse: a buscar, a identificar, a investigar, a rendir cuentas.

Frente a esa experiencia, ¿qué lugar ocupan los informes recientes?

El 3 de abril el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con una nueva clasificación de casos. Desde la lógica administrativa, puede tratarse de un instrumento útil: ordenar información, depurar registros, identificar patrones, diseñar estrategias de búsqueda. Ese tipo de trabajo es necesario. Pero su inevitable frialdad contrasta con la vivencia concreta de las familias, para quienes cada registro tiene nombre, historia y ausencia. Lo que para una base de datos es un “estatus” o una “categoría”, para una madre es una vida suspendida.

Esa distancia –entre el lenguaje de la administración y el del duelo– no es un detalle menor. En ella se abre un espacio de desconfianza que no puede desestimarse ni atribuirse a la “politización” del tema. La desconfianza no es un capricho: nace de años de puertas cerradas, de expedientes inmóviles, de búsquedas delegadas, de promesas reiteradas y resultados insuficientes. Nace, también, del hecho brutal de que la desaparición se ha vuelto experiencia cotidiana para demasiadas familias y comunidades.

Por su parte, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU plantea cuestionamientos y formula conclusiones graves. El gobierno mexicano ha objetado varios de sus supuestos y ha señalado imprecisiones que, en ciertos aspectos, merecen consideración. Pero el intercambio se mantiene, casi inevitablemente, en un plano técnico, jurídico y político que difícilmente toca el núcleo de lo que viven las víctimas: la incertidumbre diaria, la intemperie institucional, el desgaste de la búsqueda y el temor de que el tiempo lo borre todo.

Así, entre la depuración de cifras y la disputa de diagnósticos, persiste lo esencial: la desaparición de decenas de miles de personas como una herida abierta en la vida nacional.

La pregunta de fondo no es quién tiene la razón en el debate, sino cómo construir –desde el Estado– una voluntad efectiva de cercanía, compromiso y respuesta. Porque el problema no es sólo de diagnóstico y de información; es de confianza. Y la confianza no se decreta: se construye con acciones verificables, con resultados, con presencia, con trato digno. Se construye cuando el Estado deja de hablar sobre las familias y empieza a hablar con ellas.

No se trata de reproducir las formas de protesta de hace casi medio siglo, sino de recuperar su sentido: la disposición a escuchar, la conciencia de la urgencia, el reconocimiento de que cada caso importa. En 1978, en torno a la huelga de hambre, aprendimos que la fuerza moral de las víctimas no suplanta al Estado: lo obliga a mirarse, a responder, a no normalizar el horror. Hoy la lección es la misma, con una escala y una complejidad que nos interpelan como sociedad.

Eso supone, en primer lugar, un lenguaje público empático y humanizador que se enfoque más en las personas que en los números. También, una relación más fuerte con las familias y los colectivos: basada en interlocución real y sostenida, no en el contacto episódico. Interlocución significa escuchar con continuidad; aceptar críticas sin convertirlas en agravio; compartir información sin regateos; acordar protocolos de búsqueda y de identificación con transparencia; reconocer errores y corregirlos. Supone, sobre todo, no desplazar a las víctimas al lugar de “obstáculo” cuando, en realidad, han sido motor de los avances más importantes en este terreno.

Y exige fortalecer, de manera efectiva, las capacidades de búsqueda, identificación y procuración de justicia. Aquí no hay atajos: sin fiscalías que investiguen y no simulen, sin servicios forenses con recursos y coordinación, sin bancos de datos interoperables, sin mecanismos de protección a buscadoras y buscadores, el país seguirá atrapado en el ciclo del anuncio sin resultado.

El desafío es que el tiempo institucional deje de transcurrir en paralelo –y a menudo a distancia– del tiempo de quienes buscan. Porque para María Herrera, como para Delia Duarte en 1978, la ausencia no se mide en estadísticas. Se mide en días que pasan sin respuesta. Se mide en la repetición de una pregunta que, a fuerza de no ser atendida, se convierte en un modo de vida: ¿dónde están?

La herida está abierta. Lo indispensable es encontrar a las personas, identificar a quienes han sido asesinadas, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, y garantizar que esto no se repita. Mientras eso no ocurra, el país seguirá oyendo –con otros nombres y en otros lugares– el mismo reclamo que acompañamos en 1978: que el tiempo de la espera no es neutral, y que la ausencia no admite prórrogas.

Para Sara Hernández, Tania y Pável Ramírez