Uno de los puntos nodales de las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es la crisis forense que enfrenta México, con una estimación de 72 mil restos humanos sin identificar para inicios de 2026.

La cifra ha crecido sostenidamente en años recientes –en 2021 se calculaban 52 mil restos no identificados–, y se estima que siete de cada 10 cuerpos permanecen en fosas comunes y el resto en morgues estatales, las cuales reportan saturaciones.

Esta crisis –que en su momento fue reconocida por la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador– se intensificó y las acciones que se impulsaron en la primera mitad del sexenio pasado fueron virtualmente desmanteladas bajo la gestión de Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación (a la que fue designada a partir de junio de 2023), así como por las omisiones de las fiscalías y sistemas forenses estatales que han impedido el reconocimiento de esos miles de restos y el acceso a la justicia.

En su reciente informe, el CDF afirmó que la crisis forense y la impunidad “continúan prevaleciendo” en México.

Agregó que si bien las cifras de fosas comunes localizadas en el país varían entre autoridades, se evalúa actualmente que hay más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos.

El año pasado, 37 por ciento del total de las fosas reportadas se concentraban en tres entidades: Sonora, con 972; Veracruz, 523, y Tamaulipas, 541.

Además, las fiscalías estatales reportaron un total de 5 mil 532 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado 630 fosas en el mismo periodo.

En diciembre de 2021, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, reconoció que en el país existía una “crisis forense” y aceptó que en ese momento se reportaban 52 mil cuerpos sin identificar.

Muestras genéticas de más de 4 mil 500 familias

En ese contexto, el gobierno federal anunció una serie de medidas para replantear los servicios forenses del país, por medio de un robusto esquema institucional que incluía la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que comenzó a operar en mayo de 2022 para responder a la demanda de familias de miles de desaparecidos y enfrentar la crisis forense.

Sin embargo, los trabajos de ese organismo quedaron prácticamente paralizados con la reducción de alrededor de 70 por ciento de la plantilla de trabajadores, que estaba conformada por 59 personas, en febrero de 2024, bajo la administración de Alcalde en Gobernación, de Teresa Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina. Antes de su virtual desaparición, el centro tomó muestras genéticas de más de 4 mil 500 familias.

Un mes después, La Jornada reportó que por la falta de recursos y de personal, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense operaría a partir del 31 de marzo con una estructura que no responde a lo planteado en el acuerdo de su creación, en agosto de 2021.

Este era otro de los elementos para responder a la problemática forense en el país, pero, de acuerdo con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, no logró despuntar en sus tareas. Enfrentó retrasos operativos, falta de presupuesto etiquetado y resistencia de las fiscalías estatales para compartir información.

Retraso en apertura del Banco Nacional de Datos

Una herramienta más para enfrentar el flagelo y que se contempló desde la ley en materia de desa­pariciones, en 2017, fue la obligación para la FGR de crear el Banco Nacional de Datos Forenses. La dependencia incurrió en varios años de retraso y concretó el proyecto en mayo de 2023, sólo después de un fallo judicial que le ordenaba su instalación.

Frente a todo ese desmantelamiento del sistema emprendido en el último tramo del sexenio anterior, grupos de familiares de las víctimas de estos crímenes, como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México –que agrupa más de 70 colectivos de búsqueda–, han advertido que los esfuerzos institucionales para resolver la crisis forense y de desapariciones en el país han resultado insuficientes.

A esa visión se sumó el CDF de la ONU en el reporte que presentó la semana pasada y que fue rechazado por el gobierno federal, que lo calificó de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, porque, entre otros asuntos, expuso la administración de Claudia Sheinbaum, “omitió” los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan.