En comisiones del Senado avanzó ayer el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, cuyo objetivo es promover la participación del capital privado y social en el sector, e incluso utilizar parte del ahorro de los trabajadores.

El documento se avaló por 23 votos a favor y cinco en contra del PAN y el PRI y se prevé que hoy sea sometido al pleno para su análisis y votación.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta, destacó que con esta propuesta se cierran vacíos normativos y se fortalece la capacidad del Estado para conducir el desarrollo.

En términos políticos y económicos, la apuesta de fondo es movilizar ahorro institucional, recursos privados y públicos hacia infraestructura estratégica sin perder control estatal, puntualizó.

También dijo que la legislación parte de un diagnóstico severo, en el que se incluyen proyectos abandonados, pasivos contingentes sin fuente de pago, conflictos comunitarios y compromisos fiscales ocultos en experiencias pasadas.

La lógica del proyecto no es abrir la puerta a cualquier inversión, sino hacerlo mediante un régimen de triple control, evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior, añadió.

Del PRI, Rolando Zapata Bello señaló que el origen de los reducidos dineros que se destinan a infraestructura es que, a partir de 2018, el Estado dejó de invertir “donde se debía”. Como consecuencia de ello, más de 32 por ciento de las carreteras se encuentran en pésimas condiciones.

Se pretende corregir el problema con un modelo “opaco”, agregó, al estimar que la propuesta busca redefinir el gasto público corriente, excluyendo rubros claros. Ello, para presentar una imagen más cómoda de las finanzas, para efectos de calificación crediticia del país.

Consideró que se rompe un principio básico de cualquier economía responsable: no gastar lo que no se tiene ni por encima de sus capacidades, ya que la iniciativa permite “contratar proyectos sin suficiencia presupuestaria”.

De Morena, Javier Corral dijo que esta legislación pone remedio a vacíos y distorsiones, entre estas últimas las que se registraban con las asociaciones público-privadas, las cuales terminaban siendo muy desventajosas para las entidades públicas. La propuesta da la vuelta a la forma en que operan esas asociaciones, pues el Estado garantiza la propiedad de la inversión y se genera certidumbre jurídica, sostuvo.