El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, admitió una demanda contra la vidriera estadunidense Owens Illinos, por la subcontratación de casi 5 mil trabajadores en sus cinco plantas en el país, a pesar de que la ley prohíbe esta práctica desde 2021.

Ricardo Landero Aramburu, representante legal del Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Nueva Fábrica Nacional del Vidrio, filial de la firma estadunidense, señaló que el recurso fue admitido el mes pasado y el propósito es que la autoridad laboraldetermine la ilegalidad de la terciarización y se regularice la relación laboral de los obreros, quienes han visto afectados sus derechos, entre ellos el reparto de utilidades, desde 2022.

Denunció que la empresa “ha ins-taurado” un esquema de insourcing, que consiste en que Owens Illinois compra los activos de la Fábrica de Vidrio en México y el personal labora bajo la razón social nacional, pero la nómina se traslada a la firma estadunidense y simula la relación laboral.

De esta manera, si los trabajadores pretenden irse a huelga, la empresa global desaparece la fábrica de vidrio en el país, crea otra y contratan personal distinto. Esta maniobra, violenta el derecho colectivo de los trabajadores, y está prohibida por el capítulo laboral del T-MEC, recalcó.

El insourcing consiste en la división interna de una empresa en varias para contratar personal por distintas razones sociales, cuando en realidad se trata de la misma compañía.

Evasión de pagos

La relevancia del caso, enfatizó el abogado, radica en que este tipo de subcontratación “la están utilizando trasnacionales para no pagar utilidades: compran las empresas mexicanas y la maquinaria, y crean otra donde solamente tienen trabajadores. Entonces, se autorrentan la fábrica, y toda la utilidad se la llevan”.

El caso sienta un precedente porque viola el acuerdo internacional. La demanda contempla a los trabajadores de la planta ubicada en Tlalnepantla, estado de México, pero se extenderá a las instalaciones de Los Reyes La Paz, Toluca, Nuevo León, Jalisco y Querétaro, precisó.

“Estamos demandando que el Tribunal Laboral determine la ilegalidad de la subcontratación que está realizando la empresa”, señaló Landero al mencionar que a los trabajadores se les adeuda el reparto de utilidades correspondiente a cuatro ejercicios fiscales, desde 2022 a 2025.

Asimismo, indicó que requirió el apoyo de la Secretaría del Trabajo para que realice una inspección laboral, y del Servicio de Administración Tributaria, por repercusiones fiscales.