l Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) nació hace 15 años. El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, y otras seis personas, detonó un movimiento que estremeció al país. La guerra contra el narcotráfico fue repudiada de manera masiva. Por primera vez, a escala nacional, los estragos de esa guerra tomaron rostros humanos. El relato oficial se resquebrajó.
Marchas, caravanas, diálogos con autoridades e iniciativas políticas dieron vida a un movimiento que logró concatenar a las agrupaciones locales que antes habían actuado denunciando feminicidios y masacres. A la distancia, el MPJD puede comprenderse como una bisagra entre las movilizaciones civiles que apoyaron al zapatismo décadas antes y los movimientos como el YoSoy132 y la lucha por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Luego de una escalada de movilizaciones realizadas en su primer año de existencia, para evitar la confrontación directa con un gobierno que le cerró todas las puertas, el MPJD apostó a convertirse en un interlocutor entre las víctimas y el Estado. Se diluyó. Fue rebasado por organismos de derechos humanos con mayores estructuras y reconocimiento estatal, que encontraron en este nuevo sujeto una nueva causa por representar.
El mayor objetivo, la unidad nacional para frenar la guerra, no se pudo concretar. Al seno de la dirección, personas honestas esperaban que la magnitud del drama lograra cohesionar a la sociedad entera. Otros, sin la paciencia ni el arrojo del trabajo político y las alianzas necesarias, creyeron que bastaba con imponer programas máximos para lograrlo. Ganaron los políticos profesionales que utilizaron la apuesta de unidad como trampolín personal.
Como un balance provisional que no se ha realizado, podríamos decir que el MPJD negó la necesidad de escalar el conflicto social; esto fue evidente al retractarse de exigir la salida de Genaro García Luna en el momento que podía lograrlo, para hacer de esa victoria táctica parte de una batalla decisiva. Evadió asumir que no era posible entonces –ni sigue siéndolo ahora– lograr una unidad nacional sin enfrentar las causas estructurales de la guerra: el sistema capitalista y sus dinámicas de violencia y economía criminal bajo la configuración de un Estado sometido por el imperialismo estadunidense. Renunció a crear un polo propio conjuntando a los actores sociales que podían asumir esa lucha.
A pesar de sus limitaciones, su trascendencia principal radica en haber sido el principal semillero de los actuales colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Hoy son más de 300 colectivos dispersos en al menos 29 entidades, que tienen algún vínculo de origen o continuidad con el MPJD.
Esos colectivos, principalmente integrados por mujeres, descubren fosas e interpelan a las autoridades planteando propuestas para enfrentar la crisis de violencia. En una práctica incesante por dignificar a los desaparecidos, logran mantenerlos presentes diariamente. Denuncian el horror y exponen a las redes criminales. En escasos, pero invaluables episodios, al lograr identificar cuerpos o rescatar a personas sometidas a redes de tráfico, logran el consuelo entre las familias y sus seres queridos. En la mayoría de los casos, como una estrategia de sobrevivencia, han renunciado a exigir justicia, al menos públicamente. Su lectura es que conviene más centrarse en encontrar a los desaparecidos que esperar a una justicia que consideran, mirando los crímenes del pasado aún sin solución, nunca llegará.
Hoy las dinámicas de la guerra han mutado. Las cifras de asesinatos disminuyeron, pero las desapariciones se incrementaron. Tanto las políticas que llaman a la conciliación como las que exigen “mano dura” no auguran soluciones. La violencia principalmente viene de grupos pequeños, afianzados en territorios específicos, pero respaldados por grandes cárteles. La impunidad prevalece.
El desafío de frenar la guerra sigue vigente. La unidad necesaria también. Nuevos actores, en condiciones muy distintas, dan cuerpo al movimiento de víctimas que carga sobre sus hombros ese pesado desafío. Tienen la determinación para lograrlo, pero necesitan trazar puentes de unidad con movimientos indígenas, de maestros y de defensa del territorio que hoy dan vida a lo que suele llamarse movimiento social y que, aunque está desarticulado, sigue vivo y sumamente activo.
Distintas voces desde el seno de las buscadoras manifiestan la necesidad de la unidad nacional para alcanzar la paz. Reconocen como necesario poner en segundo plano sus diferencias. Saben que necesitan mayor autonomía política, para no estar atados a los roles que fundaciones y partidos quieren imponerles. El desafío, que no logró el MPJD, sigue siendo muy difícil de cumplir, pero hoy más urgente y necesario. Tanto la radicalidad de su lucha como su incansable voluntad alimentan la esperanza de que podrán conseguirlo.
* Filósofo, coordinador de las Obras escogidas de Fernando Martínez Heredia
