a reducción de pensiones de organismos descentralizados y demás entidades públicas señaladas en la reforma constitucional incumple con aspectos de legalidad, como la violación al principio de irretroactividad, entre otros, pero ante la improbable confrontación jurisdiccional del nuevo poder judicial contra los poderes ejecutivo y legislativo sólo queda verificar el aspecto político de esta reforma.
Se publicita a los pensionados y el monto que reciben como si esas personas hubieran gestionado ilegalmente tal suma, pero se omite denostar a los políticos que aprobaron que las leyes o los contratos colectivos permitieran esas pensiones. Los extrabajadores solo tomaron lo que la ley les otorgaba. Y tales pensiones fueron autorizadas por funcionarios del poder ejecutivo (ISSSTE, PEMEX, CFE, etc.). Bajo la perspectiva política, son copartícipes legislativos o burocráticos: ellos también deberían pagar el costo político de que durante poco o mucho tiempo se pagaran pensiones que ahora parecen ofensivas, pero que en su momento se sustentaron en disposiciones legales que fueron revisadas y aprobadas por los diputados y senadores cuyos nombres nadie parece querer conocer, pero que son claramente corresponsables de la depredación presupuestaria que tanto molesta a políticos. Los ciudadanos, curtidos en recibir pensiones raquíticas, solo quisieran tener esas pensiones.
Una vez más el argumento publicitado se sustenta en aspectos emocionales y no jurídicos. Se hace enojar a la población que no tiene ingresos comparables a los de los pensionados favorecidos, como si la felicidad de aquellos se pudiera sustentar en la afectación de estos. Esta falsa felicidad de contemplar el ajuste de cuentas por el argumento político de la austeridad es insuficiente para justificar la falta de procedimientos legales personalizados para bajar pensiones. Menos ayuda a comprender los privilegios que tienen las fuerzas armadas, excluidas de la reducción en las pensiones. Además, establecer el salario presidencial como único referente pensionario revive el debate sobre los beneficios presidenciales que terminan por ser ingresos en especie (habitar un palacio, transportes, vestidos, comida, y muchos más) y que deben integrar su salario para quedar en una cifra muy alta. Beneficios que ningún pensionario afectado tiene.
En la política transexenal de beneficiar al pueblo, se omite el señalamiento de que esos pensionados también son pueblo. Como si hubiera un pueblo cómodo y un pueblo incómodo, o trabajadores dóciles contra trabajadores abusivos, y se les trata distinto. El señalamiento contra los pensionados se extenderá en el discurso político a sus defensores: no serán abogados que impugnen la ilegalidad, sino de perpetradores del abuso y, así, enemigos del sistema. El maniqueísmo argumental tiene la virtud para quien lo usa de poder ampliar el bando contrario sin pruebas. En el discurso justificador, los irremediables resultados económicos tienen ya un nuevo chivo expiatorio: las finanzas públicas aparecerán en rojo no por los mínimos resultados de las obras públicas infructuosas, las inversiones insuficientes y otras causas, sino por esas pensiones que sin duda son mayores al promedio, pero que son producto de actos legislativos y de montos aprobados por burócratas del ejecutivo. Si de pagar costos políticos se trata, falta señalar a quienes trazaron el camino para llegar a esos montos.
Por encima de lo anterior, esta acción tendrá repercusión internacional. Falta poco para la evaluación del Fondo Monetario Internacional y sigue pendiente la firma del T-MEC. Si la reforma judicial ya es motivo de requerimiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado mexicano, factor considerado por el FMI y el T-MEC, esta reducción pensionaria reitera que en el estado mexicano se puede esperar cualquier cambio jurídico. Conceptos como certeza jurídica e irretroactividad de la ley, debido servicio de impartición de justicia e independencia judicial gravitarán en las consideraciones internacionales; quizás no sean definitorias (para eso están los señalamientos de estado fallido y narco estado que tanto gusta invocar a los vecinos del norte), pero sí referenciales.
El complejo problema presupuestal pensionario no se resolverá con está reducción mal planeada, pues el resto de las pensiones (IMSS y demás) son un monto mayor; inserta en parte de la población la idea de que los derechos laborales adquiridos pueden ser modificados constitucionalmente, sin posibilidad de reclamarse en un juicio de amparo, si no son propicios política o presupuestalmente: un riesgo considerable.
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