éxico, uno de los países más vulnerables al cambio climático, de acuerdo con diversos reportes científicos confirmados en los hechos por el comportamiento meteorológico de las últimas décadas, parece obstinado en ignorar las alertas evidentes de una profunda crisis ambiental. Ni las graves sequías en la totalidad del territorio nacional ni los imponentes huracanes que han azotado las costas del Pacífico recientemente ni las inundaciones severas en el sureste del país han sido suficientes para que en la agenda gubernamental la responsabilidad socioambiental ocupe el lugar prioritario que debería tener en un país en riesgo inminente. Esta vez, el derrame de crudo en el Golfo de México aparece como una nueva evidencia de tal desinterés.

La alerta se encendió desde marzo con el avistamiento de grandes manchas oscuras en las costas de Tabasco y el sur de Veracruz, mismas que fueron reportadas por pescadores y ambientalistas. Hoy sabemos que se trata de una afectación de más de 600 kilómetros de costa, que abarcan principalmente Veracruz y Tabasco, aunque también Campeche y Tamaulipas, amenazando prácticamente a la totalidad de las costas mexicanas del Golfo de México.

Por su extensión litoral –aunque no por la cantidad de crudo vertido–, el impacto del derrame se acerca en comparación al sucedido en 2010 por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, lo que coloca a esta catástrofe como un ecocidio de alta magnitud, pues atenta contra varios de los ecosistemas más vulnerables del planeta: los arrecifes y manglares.

El corredor arrecifal del Golfo de México, así como las distintas lagunas costeras, estuarios y manglares del golfo, son zonas clave para la sostenibilidad económica y alimentaria de las comunidades pesqueras de la costa, pero también para los ingresos generados por turismo en fechas de alta demanda como es la Semana Santa. Nos encontramos, además, en temporada de desove de tortugas marinas como la tortuga lora, especie que únicamente anida en el Golfo de México y es altamente vulnerable a este tipo de contaminantes.

A los impactos económicos y ambientales, debemos sumar el importante papel que estos ecosistemas costeros desempeñan para la prevención de desastres socioambientales, especialmente gracias al servicio de control de marejadas que tanto manglares como arrecifes proveen a las poblaciones costeras frente a fenómenos extremos como huracanes.

A la gravedad de la catástrofe ambiental se añade la omisión y opacidad con que el gobierno federal y los gobiernos locales han reaccionado. La narrativa oficial se ha empeñado en minimizar irresponsablemente la gravedad de los hechos, insistiendo en repetidas ocasiones en que se trata de una situación bajo control, que las playas se encuentran limpias, que se han desplegado brigadas de limpieza y que el derrame no representa una amenaza seria para el ecosistema. Hoy sabemos que, presuntamente, un buque petrolero irregular, así como dos “emanaciones naturales”, fueron las causantes del derrame cerca de las costas de Campeche por lo menos desde el mes de febrero, y que las autoridades supieron desde entonces del suceso, aunque informaron de ello hasta que se alzaron las primeras denuncias en marzo.

Esta opacidad y omisión con la que ha actuado el gobierno se da en un contexto de políticas regresivas aplicadas por la 4T en términos de transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión; así, la narrativa gubernamental ha apostado nuevamente por el encubrimiento de responsabilidades, tal como ocurrió con el descarrilamiento del Tren Interoceánico o la explosión en la refinería Dos Bocas.

Una vez más también, han tenido que ser la sociedad civil organizada, las comunidades pesqueras, la prensa y los colectivos de ciencia ciudadana los que han visibilizado los impactos y magnitud de esta crisis, informado a la sociedad y exigido al gobierno la protección del medio ambiente, la contención del derrame y la prevención de un eventual problema de salud pública.

La actual política energética del país, centrada en la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México, exige la exploración y explotación en aguas profundas, donde la dificultad técnica incrementa considerablemente el riesgo de este tipo de derrames. Mientras sigamos apostando por los combustibles fósiles y retardando la transición hacia energías de menor impacto ambiental, seguiremos exponiendo la integridad de nuestros ecosistemas a este tipo de catástrofes.

Por eso, el derrame demuestra la urgencia de cambiar el enfoque en la política energética, pero también exhibe la falta de seriedad con la que los gobiernos asumen su responsabilidad con el cuidado de la casa común, en un país tan vulnerable a los efectos del cambio climático como es México. Ante tal indolencia, la sociedad civil no puede menos que reforzar su actitud crítica y exigir con firmeza una estrategia de transición energética que nos permita proteger de mejor manera nuestras costas, además de revisar a profundidad nuestros patrones de consumo para desincentivar la explotación de hidrocarburos.

Proteger nuestros ecosistemas costeros no sólo favorece la autosuficiencia alimentaria y la derrama económica por ingresos de turismo sustentable, sino que nos da mayor capacidad de prevención y resiliencia frente a desastres socioambientales; por eso, protegerlos significa también proteger nuestro futuro.