El Senado recibió ayer del Ejecutivo federal una iniciativa de reforma constitucional para dotar al Congreso de la Unión de facultades que le permitan expedir una ley general en materia de feminicidio. El objetivo es homologar la investigación, persecución, tipificación y sanción de este delito en todo el país.

La propuesta de la titular del Ejecutivo plantea modificar el artículo 73 de la Constitución, a fin de incluir el feminicidio entre las materias sobre las cuales diputados y senadores pueden legislar.

La presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo, informó sobre la recepción del documento y señaló que se analizará esta “importante” iniciativa, la cual “nos permitirá legislar para que ninguna mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.

Unificar legislaciones

En la exposición de motivos, la iniciativa destaca que, a pesar de los avances registrados, el feminicidio se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas.

Esta diversidad normativa ha generado diferencias sustantivas en los tipos penales, criterios distintos para acreditar las razones de género, así como agravantes y sanciones no homologadas, además de desigualdad en los criterios de investigación.

Como consecuencia, hechos de naturaleza similar pueden ser investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad en la que ocurran, lo que debilita la eficacia del sistema de justicia penal y propicia escenarios de impunidad.

Ante esta situación –añade la iniciativa– resulta indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional.

Se propone dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan emitir una legislación general orientada a establecer un tipo penal uniforme, homologar los estándares de investigación con perspectiva de género y fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Asimismo, se busca garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, asegurar la reparación integral del daño y robustecer la coordinación entre las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.