Buenos Aires. Un tribunal de Argentina confirmó ayer que el gobierno encabezado por el presidente ultraderechista, Javier Milei, debe aplicar una ley que aumenta el presupuesto para las universidades públicas y los salarios de los docentes, una iniciativa rechazada por el mandatario.

Un tribunal de apelaciones en materia administrativa federal confirmó el fallo de un juez de primera instancia, que en diciembre pasado ordenó a la administración cumplir con la ley de financiamiento de la educación universitaria, aprobada por el Congreso en 2024.

Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aseguró que la decisión judicial “es una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando”.

El CIN impulsó una medida cautelar ante los tribunales, en el cual reclamó a la justicia la plena vigencia de la ley.

El juez de primera instancia había respaldado ese reclamo al dejar sin efecto un decreto del Ejecutivo que suspendió la implementación de la norma con el argumento de que los legisladores debían definir previamente de dónde iban a salir los fondos para actualizar el presupuesto de las universidades y los salarios del personal, ya que el Estado no podía ejecutar esos gastos porque “desequilibra las cuentas públicas”.

El tribunal resaltó en su resolución que la aplicación de la ley no compromete el “interés público” y que, por el contrario, su incumplimiento afecta “el derecho a enseñar y aprender”. El gobierno puede impugnar la decisión.

Milei ha mostrado una reiterada oposición a la norma al sostener que ésa y otras medidas, como la que asigna más prestaciones a los discapacitados, atentan contra el equilibrio fiscal.

En tanto, el gobierno argentino impidió el ingreso al país del activista brasileño Thiago Ávila, uno de los coordinadores de la denominada Global Sumud Flotilla, iniciativa que promueve acciones en apoyo a Gaza. Gente cercana al defensor denunció que “agentes de inmigración alertaron de supuesto apoyo al terrorismo” y otras acusaciones, que calificaron de “persecución política”.