Un grupo de mujeres mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, solicitó por escrito audiencia con cada uno de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir la atracción de su caso y “poner fin a más de una década de criminalización” en su contra, incluida la cancelación de 200 órdenes de aprehensión por diversos delitos que, sostiene, se basan en pruebas fabricadas.

Las mujeres se manifestaron afuera de la sede de la Corte, representadas por la abogada de su comunidad, Argelia Betanzos, quien acusó que la persecución judicial tiene un trasfondo político, derivado de su resistencia al cacicazgo del ex alcalde Manuel Zepeda Cortés y su hija, la diputada de Morena Elisa Zepeda, así como de un presunto contubernio político y empresarial para despojarlas de sus tierras.

“¡No queremos que las organizaciones internacionales ni las direcciones de derechos humanos salgan a pronunciarse cuando nos destierren, Dios no lo quiera, o nos pase algo peor!

“No queremos ser famosas por eso. Queremos que nos escuchen ahorita que estamos vivas”, declaró la litigante mazateca.

Destacaron que han ganado con pruebas jurídicas y científicas más de 75 por ciento de las libertades de sus compañeros, demostrando que ya es un sinsentido mantener la persecución y los procesos penales abiertos, y que el 20 de febrero de este año un tribunal colegiado emitió una sentencia histórica que desmintió las acusaciones de la legisladora.

Las mujeres mazatecas entregaron tres escritos para cada uno de los ministros: el primero, en el que piden la atracción de su caso y lo exponen; el segundo, con firmas de 297 colectivos y asociaciones que respaldan su solicitud de audiencia; y el tercero, con 24 firmas de personas de talla internacional entre organizaciones y abogadas internacionales.

También adelantaron que siete casos de defensores mazatecos más están por llegar a la Corte, tras no tener respuesta en tribunales.

“Hay 14 campesinos mazatecos en desplazamiento forzado con órdenes de aprehensión ya sin sentido, puesto que el fondo ha sido combatido y ganado por personas acusadas en múltiples ocasiones. Buscamos la cancelación de 200 órdenes de aprehensión que se reactivaron apenas en 2025. Y también buscamos el cierre de los procesos penales que siguen abiertos de compañeros que salieron bajo medidas cautelares después de 10 años de prisión sin sentencia”, expuso Betanzos.

Las manifestantes fueron atendidas por la directora de Atención y Participación Social de la SCJN, Karina López Regalado. La abogada advirtió que, si no son recibidas, pasarán de plantones a una protesta permanente: “a partir de mayo… aquí vamos a vivir”. La funcionaria respondió que están “enterados”, pero que el caso no es competencia actual de la Corte, aunque lo sigue la Defensoría Pública Federal.