Madrid. La cúpula de la Iglesia católica española, representada por la Conferencia Episcopal, llegó a un acuerdo con el Defensor del Pueblo –órgano independiente pero nombrado por el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez– para indemnizar a las víctimas de la pederastia en el seno de los círculos religiosos.

Es un nuevo protocolo de indemnización que entrará en vigor el 15 de abril y podrá ser retroactivo para los casos en los que la justicia ya dictaminó un monto o fijó un acuerdo específico.

Al anunciar el convenio, el obispo Luis Argüello señaló en una rueda de prensa que “en un Lunes Santo es bueno poder plasmar un convenio y, al mismo tiempo, como es tiempo de la Pasión, que sirva para aliviar un poco a tantas víctimas de abusos. Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas no han confiado en las diócesis ni en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí, que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”.

Se trata de un acuerdo histórico en el que por primera vez la Iglesia católica española asume que otra institución tutele los procesos de reparación de decenas de víctimas de abusos sexuales por parte curas, pastores, diáconos y obispos.

El ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, resaltó: “hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y que no sólo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, agregó que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender que la reparación no es un mero trámite burocrático”.