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Deben cumplirse las leyes existentes para combatir feminicidios, señalan ONG
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2026, p. 8

Sobre el proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, presentado esta semana, diversas agrupaciones y colectivos feministas y defensoras de los derechos de las mujeres sostienen que lo que se requiere es que la norma existente se cumpla de forma adecuada.

En un comunicado, las organizaciones firmantes, entre ellas, Colectiva las del Aquelarre Feminista, Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señalan “la gravedad de la violencia feminicida en el país” y la necesidad de una “respuesta a la altura del desafío.”

Indican que la presentación de esta iniciativa debe ser una oportunidad para que haya “diálogo directo con la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas para resolver los obstáculos que hoy impiden resultados efectivos con el marco normativo vigente.”

Lo urgente, insisten, es que las leyes se cumplan y se construyan con quienes conocen el problema; “México cuenta con un conjunto amplio de legislaciones, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que se apliquen de manera adecuada y realmente funcionen.”

Recuerdan que la creación y homologación de protocolos y diversos estándares de indagación, así como la atención a la problemática del feminicidio en México ha sido ordenado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009), en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta las últimas sentencias emitidas contra el Estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).

Subrayan que desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.