El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó a sus trabajadores en los tres recientes procesos comiciales 2 mil 419 millones de pesos, como retribución por trabajo extraordinario, conocido como “bono electoral”.

En 2022, para organizar el proceso de revocación de mandato, el importe de este concepto fue de 449.2 millones de pesos; luego, por el proceso electoral federal 2023-2024, 964.9, y el año pasado, para la elección del Poder Judicial, mil 5 millones.

Lo anterior fue expuesto en el documento que hizo llegar la Presidencia del INE al Senado, antes de la aprobación de la reforma político-electoral identificada como plan B. El texto buscó argumentar que eliminar el “bono” resultaba más caro, porque ante la ausencia de éste, el órgano gastaría más dinero en el pago de horas extras.

La estimación del INE muestra que frente a 12 horas extras semanales para todo su personal, sin bono, en 2022 se habría pagado un monto general de 603.5 millones; en 2024, mil 136, y para la contienda de juzgadores, mil 321.

Incluso si el número de horas extras semanales se proyectara a 16, los resultados serían, en ese mismo orden, 778.9, mil 707 y mil 708 millones de pesos.

Si bien en la iniciativa aprobada por el Senado no prevé como tal la eliminación del bono, sí es enfática en cuanto al límite de remuneraciones para los servidores públicos, con el tope de lo que gana la Presidenta de la República.

El INE subraya que el bono tiene fundamento jurídico en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.