Un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa, antes de que emitan un fallo sobre el tema.

El asunto sigue pendiente de discusión en el alto tribunal, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), en los que el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La petición, dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, fue entregada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Coridh, como Daniel García Rodríguez, a quien se aplicó la prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, así como otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.

“Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, dijo García, al tiempo de señalar que México está en desacato de ambas sentencias internacionales.