Llevar a cabo la consulta de revocación de mandato el mismo domingo que las elecciones de los poderes Legislativo y Judicial “se traduciría en mayores costos, presión logística y operativa”, advirtió la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica (Deceyec), del Instituto Nacional Electoral (INE).

Expuso que esa circunstancia obligaría a una producción y distribución mayor de materiales didácticos y de apoyo, además de la contratación de más capacitadores y supervisores electorales (conocidos como Caes, el personal que busca y prepara a los funcionarios de casilla).

En un análisis solicitado por la Secretaría Ejecutiva del INE, la Deceyec alerta también de las “extenuantes” jornadas que deberán cubrir estos Caes de aprobarse la realización de los cómputos desde el día de la elección, los costos de telefonía con amplio rango de Internet y la adecuación de sistemas de información de la jornada electoral, recuento de paquetes y cómputos.

En cuanto a los materiales, expuso que éstos tendrían que incorporar contenidos que expliquen de manera clara y diferenciada las características, objetivos y procedimientos de cada mecanismo, tanto para comprensión de los Caes como de los funcionarios de casilla.

El ejercicio de revocación de mandato se uniría a las elecciones de los poderes Legislativo y Judicial, lo cual implica diseñar esquemas de capacitación y seguimiento para dar cuenta de los avances de reclutamiento, selección y contratación de supervisores y capacitadores.

Niegan pago discrecional

La Jornada dio a conocer el sábado los efectos del plan B en la nómina del INE (poco más de 300 funcionarios verían reducido su sueldo), así como la propuesta para conservar el pago extraordinario que se da a todos los trabajadores del instituto durante los procesos electorales.

Al respecto, la Deceyec apunta que no se trata de una prestación discrecional o de carácter patrimonial, como los seguros o fondos especiales, sino de una remuneración vinculada a la carga laboral, por lo que –el pago identificado como bono– podría seguirse pagando si este continúa en el estatuto del INE, o como acuerdo institucional, y que su monto no implique rebasar el límite de remuneraciones establecido en el artículo 27 constitucional.

Argumenta que esa decisión se sustentaría en la autonomía del INE, aspecto avalado a través de criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de que la misma Constitución prevé que el instituto debe contar con los recursos necesarios para realizar sus funciones.

Por su parte, la Dirección de Organización Electoral señaló que será necesario contar con suficiencia presupuestal para comenzar la producción de documentación electoral desde el año previo a los comicios, tanto de los que se realizarán en territorio nacional como para los mexicanos residentes en el exterior.

De estos últimos se necesitaría, además, definir las modalidades del voto de connacionales y generar nuevos lineamientos.