Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, condenó ayer “las violaciones de los derechos humanos, las desapariciones y los asesinatos perpetrados por las juntas militares argentinas” (1976-1983), al cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina.

Al rendir tributo a su memoria, el consejo de ministros de España realizó una declaración institucional y publicó la lista completa con los nombres de las 307 víctimas de origen español, que fueron “desaparecidas” o “asesinadas”.

Ante el revisionismo histórico impulsado por el presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, desde Madrid se expresó su más rotunda condena a la represión y persecución en el régimen de Jorge Videla y las juntas militares. En la declaración institucional, el Consejo de Ministros expresó su reconocimiento a los familiares de las víctimas, “cuya perseverancia ha contribuido de manera decisiva a mantener viva la memoria de lo ocurrido y a impulsar procesos de investigación para esclarecer todos los hechos”.

Advirtió que “en el marco de esta conmemoración, el gobierno de España considera un deber de memoria dar visibilidad a ese episodio de la historia reciente de América Latina y hacer un reconocimiento oficial a las 307 personas con la publicación de sus nombres como testimonio de dignidad y justicia”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó que, hace 50 años, cuando España comenzaba a recuperar la libertad, se produjo un golpe de Estado en Argentina que sumió al país en una dictadura y los españoles que habían emigrado por el franquismo volvieron a sufrir “un sistema represivo basado en detenciones clandestinas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas”.

“Se deben reparar los abusos a los derechos humanos”

España “responde al deber del Estado de reconocer y reparar a todas las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, independientemente del lugar donde se produjeron los hechos”, añadió.

Se resaltó que “la memoria de las víctimas interpela a la comunidad internacional y obliga a redoblar los esfuerzos en la protección de las libertades fundamentales. La consolidación de las democracias exige asumir el pasado con rigor, garantizar el acceso a la documentación y promover el conocimiento histórico frente a la impunidad”.