El ex alcalde del municipio de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas, quedó definitivamente sin fuero ni posibilidad de volver al cargo, luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por extemporánea, la controversia constitucional que impugnó su destitución, ordenada en mayo de 2025 por el Congreso local para procesarlo por presunta corrupción en la renta de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos.

El asunto dio un giro en la sesión, pues el proyecto del ministro Arístides Guerrero García proponía restituir de inmediato al funcionario morenista y devolverle el fuero, al concluir que debía anularse por fallas procesales el Acuerdo 80 del Congreso de Sinaloa que lo separó del cargo, ya que no se notificó al ayuntamiento de Ahome ni se le dio oportunidad de defensa, pese a tratarse de una decisión que impacta directamente su integración.

El caso inició el 25 de abril de 2025, cuando la fiscalía de Sinaloa pidió retirar el fuero al alcalde de Ahome.

En un trámite exprés, la legislatura aprobó el desafuero y, el 2 de mayo lo destituyó mediante el Acuerdo 80 y nombró a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez sustituto; tras amparos fallidos de Vargas, el gobierno municipal recurrió a la SCJN el 29 de agosto.

El municipio alegó violaciones al derecho de audiencia y a su autonomía, mientras el Congreso sostuvo que la controversia era extemporánea, defendió su facultad soberana y afirmó que se trata de un asunto de legalidad, no constitucional.

En tanto, seis ministros de la SCJN salvaron ayer de consignar a tres ex funcionarios del municipio Carlos A. Carrillo, Veracruz, por desacato a un amparo que obligaba a pagar 3.27 millones de pesos desde 2015, más intereses acumulados a la fecha.

El proyecto de la ministra María Estela Ríos proponía que Onan Hernández López, ex alcalde, así como la ex síndica Refugio Santiago Mulato y el ex regidor Eulogio Cruz, quienes ocuparon los cargos de 2022 a 2025, fueran puestos a disposición de un juez federal.

Sin embargo, la mayoría del pleno consideró que la nueva administración se comprometió a cumplir la sentencia y que no era necesario sancionarlos, al subrayar que lo esencial es garantizar su ejecución efectiva.