La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) mantiene abiertas seis investigaciones sobre presuntas irregularidades en los permisos de la obra Alicia en el país de Las Maravillas que se montaba en el parque Lira, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En un documento enviado al Congreso de la Ciudad de México, se detalla que las denuncias versan sobre contravenciones en materia de uso de suelo y conservación patrimonial, construcción en su modalidad de intervención y paisajismo, posible afectación de arbolado y áreas ajardinadas, así como emisiones de ruido y luminosas, “derivadas de la operación del espectáculo”.

“Dichos expedientes y sus acumulados se encuentran en trámite y hasta el momento se han realizado diversas gestiones tendientes a la integración de las investigaciones correspondientes”, informó la PAOT, que el pasado 24 de febrero ordenó la suspensión de las actividades de la obra de teatro.

En el documento firmado por la titular, Mónica Alegre, se indica que el parque es un espacio público con relevancia histórica, catalogado como patrimonio ambiental y social, por lo que se encuentra sujeto a las acciones de identificación, reconocimiento, protección, conservación y recuperación, a fin de garantizar su salvaguarda y uso sustentable, de acuerdo con las leyes locales.

Apunta que cualquier intervención debe estar amparada con permisos y vistos buenos emitidos por autoridades competentes, desde la alcaldía hasta secretarías como las de Planeación y de Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Piden destitución en MH

En tanto, ayer, el pleno del Congreso capitalino aprobó un exhorto para que la comisionada de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo, Marcela Gómez Zalce, sea destituida luego de que elementos de la Policía Auxiliar desalojaron a vecinos que protestaban en contra de la falta de mantenimiento al parque Lira.

Asimismo, se ordenó al titular de la demarcación, el panista Mauricio Tabe, remitir un informe detallado sobre el operativo del pasado 18 de marzo, cuando colonos fueron agredidos y amenazados por los elementos de seguridad.

También se ordenó a la Comisión de Derechos Humanos iniciar e integrar las investigaciones por posibles responsabilidades penales y violaciones a derechos humanos.

“Estamos frente a hechos que pueden constituir una detención ilegal, lo cual representa una violación grave a la seguridad jurídica y a los derechos humanos. No se puede permitir que la fuerza pública se utilice para reprimir a ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse y a defender el espacio público”, dijo el diputado Víctor Hugo Romo.