Bogotá. La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó ayer a tomar medidas urgentes para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia, luego de verificar 972 homicidios entre 2016 y 2025 y documentar múltiples amenazas y ataques en su contra.

“Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos”, aseguró en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien reconoció que el actual gobierno ha implementado medidas importantes para protegerlos, pero “aún queda mucho por hacer”.

El informe publicado por la Oficina de ONU Derechos Humanos indica que identificaron un “aumento progresivo” en el número de asesinatos de defensores desde 2016, cuando el Estado colombiano firmó un histórico acuerdo de paz con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras la desmovilización de las FARC, persistieron otros grupos armados ilegales –incluyendo disidencias de esa guerrilla– que se disputaron territorios estratégicos, mientras el “Estado no logró sostener una presencia integral” para proteger a las comunidades.

La violencia contra personas defensoras no es un fenómeno coyuntural en el país, sino que corresponde a factores estructurales, indicó la ONU, como la presencia de conflictos armados; el involucramiento de las guerrillas en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas; la débil presencia estatal y los altos niveles de impunidad y estigmatización.

Mientras en 2016 se registraron 61 asesinatos de defensores, entre 2019 y 2021 el número de homicidios se “estabilizó” en alrededor de 100 por año. El peor reporte fue de 2022, con 117 casos.

Los defensores también han sido víctimas de constantes amenazas y ataques. Desde 2022 la ONU Derechos Humanos registró más de 2 mil casos, especialmente de amenazas. El informe advierte que esto es sólo una “fracción de la magnitud real” de la situación, debido a que el Estado no tiene un sistema unificado sobre agresiones a los defensores.

La ONU hizo hincapié en que la violencia contra los pueblos indígenas y sus líderes tiene “un impacto diferenciado” y desproporcionado. Busca quebrar sus procesos organizativos, no sólo con asesinatos, sino a través de la “coerción e imposición de normas de conducta, la apropiación de territorios y la imposición de economías ilícitas”.

Advierte que, de no proteger a los defensores y abordar las causas estructurales, la violencia contra los defensores continuará con un “impacto devastador” en la capacidad de resistencia y de defensa de los derechos humanos en el país.