El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de la Contraloría General a investigar la demolición del inmueble que cayó en San Antonio Abad 124, así como determinar las responsabilidades de servidores públicos.

Antes, en conferencia de prensa, diputados dieron a conocer que un día después del derrumbe y de la muerte de tres personas, la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, rechazó el permiso de demolición, de acuerdo con una captura de pantalla de Sacnet, sistema interno de la alcaldía que registra movimientos administrativos.

Dicha “prueba”, afirmaron, desmiente la versión de la alcaldesa de que la negativa a la autorización fue antes del derrumbe.

Indicaron que la imagen les fue “filtrada” por el propio personal de la alcaldía en la que se indica un estatus de “rechazado” al trámite de demolición el 10 de marzo a las 12:02 horas.

“Esta información es veraz, esta información es verídica porque hablamos con las pruebas en la mano, (…).

“Hoy no puede tratar de trasladar la responsabilidad porque la Constitución y la ley son muy claras. La responsable de que este incidente pasara tiene nombre, apellido y es la alcaldía Cuauhtémoc y la titular”, dijo la coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo.

Los morenistas criticaron que la alcaldesa haya justificado dificultades para verificar obras de inmuebles que fueron afectados por el temblor de 2017, pues la demarcación verificó cinco edificios en proceso de demolición como en Ámsterdam 49, Sonora 141 y Antonio Solá 71.

“¿Por qué no verificó el inmueble de San Antonio Abad? Eso se llama negligencia. Con estas pruebas se caen todos los argumentos jurídicos de Rojo de la Vega”, aseveraron.

Minutos más tarde, el vocero de la bancada, Paulo García, presentó ante el pleno del Congreso local un punto de acuerdo en el que piden a la Contraloría General, a cargo de Nashieli Ramírez Hernández, que revise el proceso administrativo relacionado con la evaluación, dictaminación, autorización y supervisión de la demolición del inmueble.

También se establece que, en caso de advertirse irregularidades, se inicien las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades de funcionarios que hubieren incumplido con sus obligaciones.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia deberá entregar un informe sobre el estado que guarda la carpeta de investigación y determine su pronta judicialización.