Contrario a lo afirmado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), las anomalías cometidas contra Polo Castellanos y una profesora en la Escuela de Iniciación Artística 1 (EIA1) –expedición de constancias fiscales sin que laboraran en ese plantel, falsificación de firmas y cobro indebido de cheques– “no son casos aislados”.

Según líderes sindicales consultados, se trata de “una práctica sistemática” que se ha dado desde “hace muchos años” y se incrementó desde 2018.

“Si eso ocurriera sólo en una de las escuelas, como aseguran las autoridades, ¿cómo es que también hay comprobantes fiscales tanto de Polo Castellanos como de la otra profesora en los Centros de Educación Artística (Cedart) Diego Rivera y Luis Spota?”, cuestiona un ex funcionario relacionado con el tema, quien pidió reservar su identidad.

El Inbal respondió la noche del lunes mediante un comunicado en el que informó que, tras recibir en abril de 2025 señalamientos sobre la EIA1, “se tomaron las medidas correspondientes” ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de la República. Subrayó que “no se cuenta con elementos que indiquen que estos hechos se repitan en otros centros de trabajo”.

La EIA1 mantuvo a Castellanos en nómina de febrero de 2024 a abril de 2025, emitiendo CFDI (comprobantes fiscales digitales por Internet) mensuales a su nombre pese a que nunca laboró ahí. Los cheques fueron cobrados con su firma falsificada, situación ratificada por el instituto el año pasado. También falsificaron su rúbrica en la renovación de contrato y en una “renuncia”.

“Los maestros callan por miedo”

La maestra, que pidió mantenerse en anonimato, sostuvo que ella fue incluida en nómina seis meses antes de comenzar a laborar y en un centro distinto al que fue contratada.

En entrevistas por separado, dos representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Inbal (Sinitinbal), que solicitaron el anonimato, revelaron que las anomalías van más allá de los casos documentados.

Señalaron que el administrador de la EIA1, José Heriberto Cortés Escobedo, “obliga a los maestros a afiliarse” al gremio que lidera su hermano, Christian Michel Cortés, en la sección D-III-22 del Sindicato Nacional de Cultura.

Explicaron que tal el procedimiento es ilegal, pues se realiza sin la anuencia ni firma de los trabajadores. “Él tiene acceso a los documentos (de los trabajadores) y les asigna el sindicato que quiere. Los maestros callan por miedo”.

Este temor, precisaron, se debe a que la mayoría no cuenta con plazas basificadas, sino con contratos temporales que se renuevan cada seis meses. “Los amedrenta con no renovarles. Es una campaña de terror”, aseguró uno de los dirigentes, quien labora en la EIA1.

Relató, además, que Cortés ha ignorado peticiones de los maestros, como ocurrió en obras recientes del Programa de Fortalecimiento Integral de Escuelas, donde se desatendieron necesidades básicas, como problemas de acústica en los salones, que afectan las clases.

En cuanto a los casos de Castellanos y la otra docente, uno de los dirigentes matizó que, hasta donde sabe, son los únicos con esas características específicas. Sin embargo, confirmó al menos cinco casos documentados de retraso sistemático en pagos a maestros de los Cedart en el último año, algunos con demoras de hasta seis meses. “No les quieren pagar el retroactivo argumentando disposiciones de Hacienda, pero es por la torpeza del instituto”, aseveró.

Sobre el cobro doble de impuestos, aclaró que fue un error a principio de año por el obsoleto sistema de nómina, que data de 25 años. “En la primera quincena de enero no nos descontaron ISR a varios, y en la segunda nos lo descontaron doble. Fue un ajuste, pero causó problemas económicos”, puntualizó.

El Sinitinbal, según los dirigentes, prepara una respuesta al citado comunicado del Inbal, por considerarlo “simplista” y que pretende reducir la magnitud del problema.

“Es opacidad institucional. Hemos solicitado información sobre uso de recursos, como en el proyecto Chapultepec, y nos responden que es clasificada. No creemos en la narrativa oficial”, apuntó un dirigente.

Ambos coincidieron en que, aunque los presuntos casos de robo de identidad, falsificación y cobros indebidos se circunscriban, por ahora, a la EIA1, el problema es estructural y generalizado, y exigieron la destitución de Cortés Escobedo, así como una investigación a fondo que considere la aparición de comprobantes fiscales en otros centros, como los Cedart Diego Rivera y Luis Spota, donde, se asegura, también se localizaron documentos a nombre del par de docentes mencionados.