Comerciantes Unidos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron extorsiones y actos de corrupción con locales comerciales, que habrían generado más de 60 millones de pesos de manera irregular, presuntamente con el aval del director del organismo, Adrián Rubalcava.

En un comunicado, la agrupación, “en su posicionamiento como organización independiente de permisionarios y comerciantes”, detalla que cada módulo se ha vendido en más de 120 mil pesos, cuyas rentas mensuales están en 12 mil 500 pesos, en promedio, dinero que, asegura no entra a las arcas del organismo.

Señala que “se les cobra derecho de piso por personal con y sin registro en el Metro”, y que los involucrados son los ex trabajadores de la alcaldía Cuajimalpa Emanuel Gómez Mejía, José de Jesús Arrieta Espinoza, Dayana Alejandra Montes de Oca Flores, Ernesto Velasco Hernández y Pedro Luis Bernal Hernández.

También Ricardo Sánchez Mayren, José Eduardo Zepeda Saavedra, Ulises Hiram García Fuentes, quienes –según el representante de la agrupación, Juan Ramón Torres– “son gente cercana al director del STC”.

Procesos en contra

El documento refiere, además, que estas personas han estado involucradas “en procesos de inhabilitación, sanciones y amonestaciones públicas como servidores públicos de la alcaldía (Cuajimalpa), y aún así operan en el Metro extorsionando a los comerciantes”.

Además, señala que se cobra el servicio de luz con montos que pueden superar 2 mil 500 pesos, entregando únicamente un recibo, por lo que aclara que los permisionarios legales no pagan este servicio, ya que sus rentas mensuales –que van de mil 500 a 3 mil 500 pesos– incluyen la electricidad y los pagos se realizan directamente a una cuenta bancaria o en las cajas del STC.

Lo anterior “evidencia corrupción y extorsión por la administración a cargo de Adrián Ruvalcaba, ya que los ingresos no comprobados impiden la mejora de las instalaciones del Metro”.

Asimismo, reitera su exhorto a las autoridades judiciales para que den seguimiento legal y puntual a las denuncias presentadas por extorsión, corrupción y cobro de piso.

Por último, hace un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que atienda estas irregularidades, ya que los ex funcionarios señalados pretenden formalizar y dar legalidad a los espacios comerciales irregulares mediante un comité de administración y contratación de áreas comerciales y espacios publicitarios, que se prevé quede conformado a finales de marzo, con el fin de favorecer a empresas afines por medio de prestanombres.

Al respecto, el STC informó que la administración tomó conocimiento y realizará una investigación al respecto, de acuerdo con la normatividad aplicable en materia de permisos administrativos temporales revocables.