Una coalición de 22 organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes documentó que durante el gobierno de Donald Trump se ha consolidado una estrategia de deportación y traslado forzado de solicitantes de asilo hacia terceros países que “no les ofrecen garantías mínimas de seguridad ni protección”.

El grupo enfatizó que en el primer año del magnate al frente de la Casa Blanca, Washington ha multiplicado la firma de “acuerdos opacos” con naciones de América Latina y el Caribe, los cuales “son mecanismos ilegales que violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al carecer de transparencia y ser producto de presiones diplomáticas y económicas, obliga a los países receptores a gestionar a una población para la cual no tiene infraestructura ni sistemas de asilo funcionales, derivando en un sufrimiento humano devastador”.

Frente a eso, estas agrupaciones –de diversas naciones del hemisferio– presentaron la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las evidencias que han recogido en las que revelaron “una escala de abusos que constituye una violación sistemática a los estándares interamericanos”.

Entre los datos “más alarmantes”, destacaron que del 20 de enero al 31 de diciembre de 2025, las autoridades migratorias estadunidenses deportaron hacia México a casi 13 mil personas de terceras nacionalidades. De éstas, 23 por ciento son mujeres y 690 son niñas, niños y adolescentes.

Han sido entregadas a las autoridades mexicanas “sin que exista una comunicación efectiva sobre sus procesos de protección previos en Estados Unidos”.

La coalición la conforman Immigrant Defenders, Instituto para las Mujeres en la Migración, Amnistía Internacional, Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, Americans for Immigrant Justice, Hope Border Institute y Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights, entre otras.

En El Salvador, “la situación alcanzó niveles de crueldad extrema”, pues documentaron el caso de 252 venezolanos que, tras ser deportados bajo engaños, fueron recluidos en el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo, “una cárcel de máxima seguridad donde sufrieron desaparición forzada por más de cuatro meses, incomunicación, torturas físicas y sicológicas, y abusos sexuales antes de ser finalmente devueltos a Venezuela, violando flagrantemente el principio de no devolución”.

Sufren mujeres y niños

La coalición reportó que en Panamá y Costa Rica la externalización ha tomado la forma de campamentos de detención bajo condiciones inhumanas. Unas 300 personas fueron retenidas en la selva del Darién, donde se documentaron negaciones sumarias de asilo y violencia sexual contra mujeres.

En Costa Rica usan instalaciones industriales como una antigua fábrica de lápices para albergar a familias con 81 menores de edad bajo vigilancia armada y condiciones de hacinamiento extremo.

Agregaron que por las presiones de Trump, el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo para recibir a personas de varios países centroamericanos que son enviadas a sus naciones de origen, “prestándose a la tercerización de las políticas migratorias”.

Honduras ha recibido más de 50 personas de múltiples nacionalidades bajo el Acuerdo de Cooperación para el Examen de Solicitudes de Protección, pese a las condiciones inseguras del país. “En los últimos tres meses, en Estados Unidos más de 2 mil 800 personas no hondureñas vieron sus casos de asilo terminados sin una audiencia, y recibieron órdenes de expulsión”.

Ante la gravedad de estos hechos, las organizaciones pro derechos de los migrantes llamaron a los comisionados de la CIDH a generar un documento técnico y operativo en materia de derechos humanos de los países que han suscrito los acuerdos y los obligue a rendir cuentas, a solicitar a la Corte Interamericana una interpretación vinculante sobre la legalidad de estas expulsiones a la luz de la Convención Americana y a realizar visitas in situ para supervisar las condiciones de detención y garantizar que no se sigan produciendo devoluciones en cadena.