En la Ciudad de México existen más de 9 mil unidades habitacionales de interés social, algunas con antigüedad superior a 50 años, en las que viven alrededor de 2.5 millones de habitantes, “lo que hace más evidente la urgencia de implementar un mantenimiento correctivo y preventivo como condición necesaria para asegurar que las estructuras se mantengan en condiciones óptimas, así como para evitar pérdidas y daños futuros”, señala la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En el libro Las unidades habitacionales en la Ciudad de México. La construcción social del riesgo, la dependencia indica que los compromisos administrativos y financieros, que antes eran absorbidos y gestionados por las instituciones gubernamentales, tuvieron que ser asumidos por los residentes.

En ese tenor, expone que la desvinculación entre lo individual y lo colectivo “se expresa en falta de claridad sobre quién es responsable de qué aspectos del mantenimiento, lo que ha resultado en una atención fragmentada y, en última instancia, en un descuido generalizado de la infraestructura y las instalaciones compartidas”.

Planteó la importancia de mejorar la comunicación y coordinación entre los residentes de conjuntos habitacionales y las dependencias gubernamentales. Se trata, explicó, no sólo de escuchar las inquietudes de los habitantes, sino “también establecer mecanismos claros y transparentes para la asignación y uso de recursos, por ejemplo, dentro de los presupuestos participativos, así como canales efectivos para responder las solicitudes ciudadanas”.

El libro, que expone el análisis de 11 conjuntos habitacionales de interés social –entre ellos, el Centro Urbano Presidente Alemán, la Unidad Habitacional Santa Fe IMSS y John F. Kennedy– se indica que “en comunidades en donde la participación está fracturada, los problemas de seguridad, mantenimiento y administración pueden verse acentuados, ya que los vecinos no cuentan con herramientas sólidas de comunicación que aceleren la respuesta en caso de emergencia o en los procesos de toma de decisiones”.

En el apartado “Reflexiones finales” se destaca que la prevención del riesgo “es una labor compartida que requiere la colaboración activa de toda la comunidad”.