esde el pasado 2 de marzo, pobladores de municipios costeros de Veracruz han denunciado la presencia de chapopote (petróleo crudo expuesto al aire) en las playas, en el mar y en diversas lagunas. Al principio, el hidrocarburo se detectó en municipios cercanos a Coatzacoalcos, pero las corrientes marítimas ya lo esparcieron por una franja de al menos 230 kilómetros que va del puerto de Veracruz al oriente de Tabasco. En ese lapso, el derrame ha afectado a comunidades dedicadas a la pesca y al turismo, además de provocar daños desconocidos al medio ambiente de una zona de enorme biodiversidad que incluye áreas naturales protegidas y áreas de desove de tortugas.
Además de los daños económicos, ecológicos y a la salud humana, lo más preocupante es que a casi dos semanas de los primeros reportes y hasta 25 días en que se estima pudo producirse el vertido, no existe ninguna versión oficial sobre los hechos e informe a la ciudadanía sobre el necesario establecimiento de responsabilidades. Hasta el momento, lo más cercano a una explicación formal son las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle, quien primero atribuyó el percance a “una chapopotera” y luego ha sostenido que proviene de un barco petrolero localizado en aguas del vecino estado de Tabasco, el cual realizaba tareas de exploración para una empresa privada cuando sufrió un derrame. De acuerdo con la mandataria, el chapopote se descubrió primero en Veracruz debido a las corrientes marítimas del Golfo de México.
La también ex secretaria federal de Energía apuntó que la compañía causante de la contaminación obtuvo contratos para explotación y exploración en el ámbito petrolero durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto gracias a la reforma energética privatizadora aprobada en 2013, pero no identificó a la empresa ni aclaró si ya se emprendió algún procedimiento para sancionarla. Tampoco dio cuenta de por qué hasta ahora todos los trabajos de limpieza y remediación han quedado a cargo de los habitantes y del sector público. En ese sentido, los pobladores denuncian la tardanza de las autoridades de los tres niveles de gobierno para apersonarse en las regiones damnificadas y retirar el hidrocarburo: apenas antier se emitió un comunicado conjunto en el que instancias federales informan de “coordinación interinstitucional” y respaldan la versión de que los incidentes “no se han vinculado con operaciones de Pemex (Petróleos Mexicanos)”, pero no señalan su origen ni causas.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha divulgado si la empresa supuestamente responsable le informó lo ocurrido, como está obligada por ley toda institución implicada en este tipo de eventos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tampoco informa de ninguna acción al respecto. En suma, además de acelerar los trabajos de limpieza y contener la expansión de la mancha de hidrocarburo, es urgente esclarecer cómo se produjo el derrame, quiénes son los responsables directos e indirectos y, ante todo, tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la inadmisible recurrencia de desastres que ponen en riesgo a las personas, el medio ambiente y el sustento de las comunidades.
