Chihuahua, Chih., Integrantes del pueblo indígena pima (O'ob) denunciaron la invasión de mil 170 hectáreas de su territorio, en el municipio de Madera, por parte de mestizos que incluso promovieron un juicio de restitución de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario, informó el colectivo Consultoría Técnica Comunitaria AC.

Esa superficie había estado en manos de particulares, pero a partir de una ampliación del ejido La Junta fue entregada, por decreto presidencial, al pueblo indígena en 1975.

La invasión empezó en 2016, pero las amenazas comenzaron en 2019 por parte de Benjamín Banda Celis, quien se ostenta como propietario, refirió Miguel Ángel López, comisario del ejido La Junta.

En 2024, dijo, Benjamín Banda inició demandas por el presunto delito de despojo en contra de integrantes del comisariado ejidal, en complicidad con el juez de control Víctor Manuel Flores, quien ha ordenado la detención de los indígenas en varias ocasiones, recogió papeles y sellos a la autoridad ejidal y la suspendió como “medida cautelar”, incurrió así en violaciones a los derechos humanos, comunitarios y ejidales, todo esto, además, en desacato a la resolución del tribunal agrario.

El órgano jurisdiccional federal del distrito 5, en el expediente 544/2023, determinó que las mil 170 hectáreas ubicadas en la comunidad de El Cable, dentro del mencionado ejido, pertenecen a los indígenas y no a Benjamín Banda.

El pasado 21 de enero, un actuario y un perito topográfico acudieron para ejecutar la sentencia; sin embargo, no se realizó de manera eficaz, ya que no se restituyó físicamente la tierra a la comunidad.

En cambio, a Benjamín Banda se le concedieron 10 días para desocupar las tierras, lo cual no ha ocurrido, por lo que continúa ejerciendo control sobre el territorio comunitario e incluso ha llegado a proferir amenazas de muerte contra los indígenas.

Miguel Ángel López acusó que “Banda asegura que compró supuestamente los terrenos, pero nosotros tenemos una resolución presidencial y también una sentencia del tribunal agrario, que es ya una orden para el desalojo, le dieron 10 días para que desalojara, y todavía no lo hace.

“Se ha puesto muy renuente, ha llegado hasta las amenazas y ha causado muchos perjuicios a los cultivos de la gente. Les ha soltado ganado para que destruyan las plantas que tienen”, lamentó.

Denunció: “una vez nos trajeron esposados desde la comunidad El Cable al juzgado, a mí y a otros dos compañeros, pero esto es una injusticia, porque nosotros presentamos documentos y la autoridad determinó que el ejido es de nosotros”.

La comunidad se integra por 78 ejidatarios pimas, quienes cuentan con un amparo con suspensión –expediente 369/26– para que cesen los actos de acoso en su contra; sin embargo, continúan y también tienen a su favor la orden de restitución de tierras emitida por el Tribunal Unitario Agrario del expediente 544/2023.