La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer por primera vez que las comunidades en asentamientos humanos irregulares deben gozar del derecho humano al agua, por lo que las autoridades están obligadas a garantizarles un suministro mínimo, con al menos 50 litros diarios por persona.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2023 indicaron que en el país hay más de 9 mil 180 comunidades sin regularizar, donde viven más de 1.2 millones de personas.

El fallo del máximo tribunal se dio al amparar a un grupo de habitantes de Los Kilómetros, en Ciudad Juárez, Chihuahua, asentamiento surgido a inicios de los 90, principalmente por población migrante y que hoy alberga a más de 300 mil personas, cuyos residentes sólo reciben agua mediante tambos llenados por pipas cada 10 o 15 días, que ahora se les deberá suministrar de manera inmediata.

Si bien el proyecto del ministro Arístides Guerrero García fue aprobado por unanimidad, generó debate con posturas como la de la ministra María Estela Ríos González, quien llamó a ser “muy cuidadosos” en el fallo ante la creciente escasez de agua en el país.

Esto contrastó con la postura del ponente de no “escatimar” en la garantía de este derecho.

“Invito a mis colegas ministras y ministros a no escatimar en el reconocimiento del derecho humano al agua. El decir: ‘esperemos a que haya un plan’... esta Corte no puede implementar o proponer un criterio excesivamente burocrático”.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que se deberá garantizar el derecho de manera inmediata, sin esperar planes de infraestructura, pues el asentamiento lleva tres décadas sin acceso.

Así se revirtió la decisión de julio de 2025 del Juez Noveno de Distrito en Chihuahua, quien desechó la demanda por falta de documentos oficiales. En asentamientos irregulares basta la protesta de decir verdad para acreditar el interés legítimo, determinó la Corte.