En el marco de la revisión del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Senado de la República para fortalecer los derechos de los jornaleros y, en general, de los trabajadores de las grandes empresas agropecuarias, a fin de que se formalice su empleo, se garantice su acceso a la seguridad social y a un ambiente sano.

La iniciativa modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Comercio Exterior, a fin de que la agroindustria mexicana, que es “uno de los principales sectores exportadores de México, que genera divisas y empleo”, se desarrolle bajo estándares verificables de cumplimiento laboral, sin deforestación ni degradación ambiental.

Ello, “en atención al interés público, a las obligaciones constitucionales y a las exigencias crecientes de los mercados”, como el T-MEC, “en el que no sólo se valora la calidad de los productos, sino también el cumplimiento de las normas laborales”.

En la exposición de motivos se destaca que la agroindustria está considerada dentro de los aspectos más importantes para el desarrollo nacional. Particularmente, la producción de aguacate y frutos rojos –fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos– se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos del comercio exterior.

“En conjunto, ambos subsectores contribuyen a los superávits de la balanza agroalimentaria”, que ascendió en 2025 a 919 millones de dólares. Sin embargo, durante el periodo 2001-2024, 21.99 por ciento de la pérdida de ecosistemas forestales se debió a su conversión en actividades agrícolas, lo que equivale a 44 mil 766 hectáreas.

La expansión agrícola sigue siendo un factor relevante de presión sobre los ecosistemas, sobre todo en contextos en los que persisten esquemas productivos caracterizados por “informalidad laboral”.

En el caso del aguacate, “los mercados han mostrado preocupación por la trazabilidad laboral y las condiciones laborales. También por el impacto ambiental”, y en lo que se refiere a los frutos rojos, se ha visibilizado la necesidad de formalizar el empleo agrícola y cumplir con los estándares mundiales.

Para ello, se facultará a la Secretaría del Trabajo a emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales de las agroindustrias. Se modifica la LFT para el acceso a la seguridad social de los trabajadores agrícolas y la Ley de Comercio Exterior, a fin de evitar la deforestación.