Con fachadas desgastadas, muros cuarteados, aplanados desprendidos por la humedad, techos vencidos y escaleras fracturadas con varillas expuestas, familias enteras siguen habitando viejos inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc, marcados por un deterioro estructural que cataloga a la mayoría como de alto riesgo.

La precariedad es visible desde las entradas, con patios que exhiben el deterioro y la vida cotidiana de personas que han resistido durante décadas en estos espacios debido a la crisis de vivienda en la ciudad.

Las historias se repiten, primero fueron viviendas rentadas, pero tras la muerte de sus propietarios quedaron intestadas, sin certeza jurídica, expuestas al abandono y a invasiones. Es el caso del predio en la calle Jalapa número 184, en la colonia Roma Norte, cuyos habitantes han buscado durante más de 13 años su regularización.

Aunque en junio de 2025 se registró un avance –luego de que una visita del Instituto para la Seguridad de las Construcciones lo catalogó como de alto riesgo–, los habitantes denunciaron que el Instituto de V3vienda (Invi) “no nos ha mostrado el dictamen”, por lo que desconocen las recomendaciones emitidas.

Rosa Ruiz, adulta mayor, quien ha permanecido 20 años en el inmueble, llegó como inquilina del propietario que falleció años después. Con el tiempo, ha visto el deterioro del edificio: “ya está todo hundido, se ladea para allá y con los temblores se mueve de un lado a otro”, relató, y expuso el temor constante con el que vive ante la posibilidad de un colapso.

Litigio engorroso

En 2013 su familia comenzó el proceso de litigio para regularizar el inmueble –con un siglo de antigüedad–; sin embargo, descubrieron que las escrituras no estaban inscritas en el Registro Público de la Propiedad, lo que complicó durante años la gestión.

En junio anterior, el caso fue retomado por Rita Cecilia Contreras Ocampo, presidenta del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Nueva Aztlán, quien impulsó una vía jurídica para destrabar la situación de la propiedad, asentada en el Instituto de Vivienda con el expediente 76/2025.

En entrevista señaló que la regularización y eventual reconstrucción de inmuebles en estas condiciones enfrenta procesos prolongados con hasta 15 años en trámite antes de concretarse, y que de 500 solicitudes recibidas por el Invi, sólo 10 por ciento cuenta con una gestión activa debido a que la integración de las carpetas técnico jurídicas requiere la emisión de múltiples opiniones administrativas, lo que, sumado a la falta de seguimiento institucional, retrasa la atención de edificios.

Con el programa Vivir Bonito, Ocampo ha acompañado al menos 20 casos con conflictos similares para abrir rutas de acceso a la vivienda. “Lo único que queremos es una casa digna”, expresaron las familias.