El acceso a la interrupción legal del embarazo no se cumple ni en los estados cuyas leyes despenalizan esa práctica hasta las 12 semanas de gestación, a pesar de que desde 2022 la Secretaría de Salud emitió un lineamiento para garantizar un aborto seguro, afirmó la asociación Telefem, dedicada a ofrecer acompañamiento a las mujeres y enlace con médicos entrenados.

En Tabasco, empleados de un hospital público negaron la atención a Mariana, de 19 años, porque “no tenía una autorización judicial”, un requisito inexistente. Por eso, las mujeres recurren al sector privado, aseguró Paula Rivera, gerente de Telefem.

Ese rechazo la llevó a buscar ayuda en otra parte, que encontró luego de tres semanas. “Sentí que el sistema estaba diseñado para que desistiera de mi decisión”. Lo anterior sucede pese a que en 2021 y 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la penalización del aborto voluntario es inconstitucional.

Aparte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, REDefine, Ipas Latinoamérica y el Caribe y Equidad de Género se pronunciaron por la “eliminación total del delito de aborto del Código Penal Federal” y de todos los códigos estatales, al tiempo que denunciaron que persisten “obstáculos” en el acceso real a los servicios de aborto y salud reproductiva para las mujeres.

Indicaron que 24 estados lo han despenalizado “de manera parcial”, pero ocho no han acatado los fallos de la Corte, en una “demora legislativa que no es casual, sino que responde a posturas conservadoras, falta de voluntad política y juicios morales y religiosos”.

Las entidades que “mantienen vigente un marco que vulnera el derecho a la salud integral” son Durango, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes. Al respecto, señalaron que los legisladores tienen “la responsabilidad de tomar decisiones que garanticen la autonomía reproductiva en un marco de respeto a la laicidad”.

Rivera dijo que el problema es que las mujeres siguen sin poder ejercer este derecho, incluso cuando hay violación. Comentó el caso de una adolescente de 15 años de Tlaxcala. Tras denunciar y solicitar atención médica para evitar un embarazo, enfrentó requisitos incomprensibles, como tener que repetir su historia varias veces y ser “revictimizada”.

Tabasco y Tlaxcala cuentan con legislaciones acordes a la sentencia de la Corte, pero hay falta de información y/o convencimiento de los servidores públicos.