El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo, El Munra y/o Comandante H, promovió un juicio de amparo contra su extradición a Estados Unidos. Permanece preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el estado de México, acusado de los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Cabecilla del grupo delictivo La Barredora, Bermúdez Requena interpuso el recurso ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal en el estado de México, con residencia en Toluca, donde señaló que el pasado 5 de marzo, custodios del penal del Altiplano le comentaron que “ya me iba al gabacho porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional.

“Ante la existencia de un procedimiento de extradición en mi contra, sin que haya mediado notificación formal, comparezco a promover el presente juicio de garantías, en razón que no me ha sido notificado y, por ende, no he tenido posibilidad de ejercer mi derecho de defensa.”

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del juzgado cuarto de distrito en materia penal, desechó la demanda de garantías por tratarse de un acto futuro e incierto.

El juzgador sostuvo que el quejoso expuso que, al momento de presentación de la demanda, no se le había notificado alguna determinación relacionada con el procedimiento que reclama, pues, “únicamente cuenta con comentarios de los custodios del centro penitenciario en el que se encuentra recluido, pero tales servidores públicos no son los autorizados para notificar cuestiones de procedimiento”.

Agregó que en las notas periodísticas tampoco se corrobora la pretensión del justiciable, pues no se advierte que exista procedimien-to de extradición en su contra.

Juicio improcedente

Detalló que Bermúdez Requena no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, “lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados”.