El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividió al analizar si las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres deben atender también violencia familiar.

En el debate se evocaron casos como las muertas de Juárez y la ministra María Estela Ríos González causó polémica en redes al de-clarar que las personas concebidas mediante fecundación in vitro “podríamos estimar que no forman parte de la familia”.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 154/2021 contra una reforma promulgada en septiembre de 2021 en Chihuahua, cinco ministros votaron por invalidar que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) atienda casos de violencia familiar; sin embargo, la propuesta no prosperó al faltarle un voto para alcanzar la mayoría calificada.

“Derecho a la exclusividad”

El proyecto del ministro Arístides Guerrero García planteaba eliminar la adición “y a la familia” al nombre de la FEM, al considerar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género en Chihuahua tienen derecho a ser atendidas exclusivamente por una fiscalía especializada.

“La expresión ‘y a la familia’ diluye la atención diferenciada, refuerza estereotipos y produce un retroceso contrario al principio de progresividad, por lo que debe invalidarse”, justificó Guerrero.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se sumó a la mayoría al considerar que la reforma se justifica por el aumento de la violencia familiar en la entidad. Señaló que la situación en Chihuahua es especialmente compleja, como lo muestran los feminicidios en Juárez documentados desde los años 90 y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el hallazgo de cuerpos en un campo algodonero de tres mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en 2001.

Obligación internacional del Estado mexicano

Tres ministras y un ministro bloquearon la propuesta. Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que incluir esta frase en la FEM no la debilita, sino que refuerza su labor, mientras que Loretta Ortiz Ahlf señaló que estas fiscalías responden a obligaciones internacionales del Estado mexicano, respaldadas por precedentes como los hallazgos en el campo algodonero.

“Ese caso llamó la atención de toda la comunidad internacional. Se hicieron clínicas en todas las universidades prácticamente del mundo y el último en enterarse fue el Estado mexicano”, resaltó Ortiz.

La ministra María Estela Ríos defendió que la reforma en Chihuahua no fomenta un estereotipo para las mujeres cuando se habla de la familia. “Digo, salvo quien haya nacido mediante in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”.

Sus dichos generaron críticas en redes sociales, por lo que siete horas más tarde la togada difundió una nota aclaratoria en la que acusó a la prensa de sacar de contexto su frase y sostuvo que “sólo tuvo un carácter ilustrativo en el razonamiento específico que se exponía, sin que su finalidad fuera cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida”.

En otro punto de la discusión, el pleno avaló por unanimidad que la FEM de Chihuahua tenga la facultad de coordinar, controlar, vigilar y supervisar los Centros de Justicia para las Mujeres.