Especialistas señalaron que la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo al Legislativo no aborda cambios estructurales para beneficiar el sistema, sino al contrario, establece reglas que tienden a concentrar el poder en los partidos con mayor presencia territorial.

El grupo denominado Observatorio Permanente de Integridad Electoral mencionó también retrocesos en materia de fiscalización, sobre todo al eliminar consecuencias, como la pérdida de registro de candidatos que rebasen topes de gasto.

En general, advierte que si bien es necesaria una enmienda, lo básico es preservar los mecanismos que han contribuido a generar confianza ciudadana frente a los resultados de los comicios.

Pondera además la utilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para informar a la ciudadanía y disminuir así la incertidumbre tanto de competidores como de electores.

En la presentación del tercer informe del Observatorio participó Janine Otálora, ex integrante de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hizo énfasis en los riesgos de que una reforma debilite –en lugar de fortalecer– el diseño del sistema comicial; por ejemplo, afectar el federalismo, porque la organización de elecciones se basa en la coordinación entre autoridades nacionales y locales.

Es decir, dijo, cualquier rediseño institucional debe mantener las condiciones de independencia y equilibrio entre las autoridades del sector.

“Estamos viviendo un momento de enorme transformación institucional y eso exige reflexionar con cuidado antes de modificar nuevamente las reglas electorales”, advirtió.