Sin programa de protección civil ni medidas de seguridad para los inmuebles colindantes, la empresa DEMEC realizaba trabajos de demolición en el edificio de oficinas que colapsó el lunes pasado en calzada San Antonio Abad número 124, que dejó saldo de tres trabajadores muertos y uno herido.

Luego de que las autoridades capitalinas concluyeron las labores de rescate de las víctimas mortales, tras 20 horas de trabajo continuo, la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de suspensión de actividades en el predio por carecer de ambos requisitos, medida que quedó asentada en el expediente ACUH/DGG/SVR/JVE/OV/PCO/0301/2026, folio 1811.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, señaló que la demarcación es la facultada de vigilar las obras y demoliciones que se realizan en su territorio, así como verificar el cumplimiento de la normatividad, e incluso suspender los trabajos ante algún riesgo, de acuerdo con la Constitución local, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías y el Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal.

Comentó que el edificio colapsado contaba desde 2018 con dictamen oficial que ordenaba su demolición total debido al riesgo estructural derivado de los sismos de 2017, resolución que fue notificada días después a los propietarios.

El secretario evadió dar a conocer los nombres de los dueños, pero informó que en noviembre de 2020 crearon el Fideicomiso 777 San Antonio Abad para gestionar la demolición. Fue hasta julio de 2025 cuando el representante legal, Marco Antonio Agustín Vargas, solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación de facilidades administrativas previstas en la Ley para la Reconstrucción, mecanismo que simplifica trámites para inmuebles dañados por los sismos.

La alcaldía fue notificada

Dijo que desde el 20 de octubre de 2025 se notificó a la alcaldía Cuauhtémoc que los propietarios cumplían con los requisitos iniciales para el acuerdo de facilidades administrativas, pero que debían contar con el programa de protección civil, aval de un director responsable de obra, póliza de responsabilidad civil y medidas de protección a colindancias, a lo que la demarcación sólo respondió en noviembre que habían iniciado los trabajos de demolición.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a las 16 alcaldías fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en obras de demolición, e informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades.

“No puede haber impunidad”, afirmó, tras comprometerse a garantizar justicia y la reparación integral del daño a las víctimas.

El jefe de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, explicó a este diario que el hallazgo de los tres trabajadores fallecidos, de 40, 33 y 30 años de edad, originarios de Veracruz, estado de México e Hidalgo, se logró gracias al trabajo del binomio canino Togo, que ingresó en tres ocasiones a realizar marcajes que resultaron positivos.

Las autoridades de salud aseguraron que el trabajador que fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Rubén Leñero se encuentra estable.