Quito. En menos de una semana, el régimen de Daniel Noboa despidió al cuerpo diplomático cubano asentado en Quito, cesó la visa de residencia del académico e intelectual español Fernando Casado y, por intermedio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), proscribió “temporalmente”, durante nueve meses, a la mayor organización política ecuatoriana, la Revolución Ciudadana (RC).

Todo eso sin descontar una tercera orden de prisión en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también elegido por el movimiento liderado por Rafael Correa.

El gobierno revocó este domingo la visa de residencia del académico e intelectual Fernando Casado, lo que implica su salida inmediata del país. En una entrevista radial, este lunes, Noboa dijo que tomó la decisión alegando que Casado realizaba actos para “incitar el desorden y desestabilizar el país”, a lo que el catedrático dijo a La Jornada, que nada de eso se le explicó, pues apenas recibió un correo electrónico por una supuesta investigación reservada, sin ninguna información más que se revocaba su visa de residente por más de 15 años en esta nación andina.

De nacionalidad española y venezolana, Casado residía en Ecuador desde 2011 y era docente de una universidad de la provincia de Manabí. Ya en 2024 ocurrió algo parecido con la expulsión de la comunicadora, de origen cubano, Alondra Santiago por motivos de “seguridad nacional”.

En cuanto a la decisión del TCE de proscribir a la RC, ocurre por el supuesto delito de delincuencia organizada, a pedido del fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, “con fines de lavado de activos”, en la que se presume una vinculación directa de sus directivos.

El caso se denomina “caja chica” y tuvo como antecedentes varios allanamientos a las oficinas del partido y de las casas de la ex candidata presidencial Luisa González y del legislador Patricio Chávez. De todos esos allanamientos no se ha informado nada, todo ha quedado en la opacidad.

El jurista Gabriel Rivera, abogado de la RC, explicó las incongruencias del proceso abierto en contra de esta organización política. Primero indicó que “existe una boleta anterior donde se investiga a personas naturales, pero no a la Revolución Ciudadana, por lo que nos enteramos de la investigación, recién con la notificación del juez, Joaquín Viteri, del TCE”.

Además, dijo que a la RC “se le quiere sancionar por delincuencia organizada, un delito que, en la actualidad, no se está investigando”. Finalmente, señaló que “la titularidad de la investigación penal está a cargo del fiscal general del Estado, pero en este caso el archivo que reposa en el TCE está firmado por Judith Bonilla, lo que está en contra de lo previsto en el Código de la Democracia”.

Con lo ocurrido, los integrantes de la RC no podrán participar en las próximas elecciones de febrero de 2027 para elegir a alcaldes, prefectos, concejales y vocales de las juntas parroquiales. Varios tienen altos porcentajes de aceptación, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, o el de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Hasta noviembre de este año deben realizarse los procesos de primarias internas y de inscripción de candidaturas. Con la sanción ya estarían fuera de esos plazos.

A todo esto se suma la declaración de persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez García y la expulsión de todo el personal diplomático el viernes pasado, que se concretó ayer, con lo cual quedan en suspenso las relaciones entre las dos naciones. Noboa afirmó el domingo que su gobierno “detectó” una fuerte intervención de la delegación cubana en actividades políticas, de disidencia e incluso violentas dentro del país.