La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que rendir cuentas ante el Tribunal de Disciplina Judicial por mantener pendientes 10 asuntos tributarios que involucran montos de más de 44 mil millones de pesos, luego de que el 1º de marzo pasado venció, por primera vez, el plazo de seis meses fijado en la reforma constitucional de 2024 en materia judicial.

En el último mes, el máximo tribunal resolvió 38 asuntos tributarios heredados del pleno anterior, desde el 1º de septiembre de 2025, con fallos controvertidos. Entre ellos, negó amparos a cinco empresas que reclamaban intereses millonarios por devoluciones de créditos fiscales y, en tres casos, confirmó adeudos por más de 246 millones de pesos a cargo de Oro Negro, Angruplast –que deberá pagar 49 millones de pesos– y Enza Zaden México, SA de CV, con un crédito de 2 millones 829 mil pesos, tras declarar constitucionales diversas normas fiscales.

En contraste, también emitió fallos favorables a contribuyentes: determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de legitimación para impugnar el amparo concedido a Pegaso PCS (Movistar), lo que le permitirá evitar el pago de 4 mil 442 millones 423 mil 090 pesos de impuestos de 2015; y dejó firme un amparo para General Motors que ordena al Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisar si puede deducir 2 mil 599 millones 631 mil 43 pesos por pérdidas en la venta de acciones, lo que podría reducir o anular dos créditos fiscales de 2008 impuestos por el Servicio de Administración Tributaria.

Sin embargo, incumplió el término que tenía para resolver otros 10 juicios, entre ellos dos amparos directos sobre créditos fiscales de impuesto al valor agregado (IVA) vinculados con operaciones del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) realizadas entre 2019 y 2023 por 279 mil millones de pesos, en los que se analiza una posible omisión de 44 mil millones.

Ambos asuntos, conocidos por el llamado “doble cobro de IVA”, están en las ponencias de Sara Irene Herrerías Guerra y Lenia Batres Guadarrama. Aunque ya acumulan seis meses y ocho días sin resolución, hasta ayer no tenían fecha de discusión ni figuraban en las listas de asuntos próximos a analizarse en el pleno.

La reforma judicial de 2024 estableció, por primera vez, que los asuntos tributarios deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses, tanto por los juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación como por la SCJN, contados a partir de que la autoridad competente conozca del caso.

“En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos”, señala el texto.