La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó el fallo de un tribunal colegiado que le ordenó integrar una comisión de la verdad del caso Iguala. Pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo, ya que la sentencia entorpecería la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo que preside Rosario Piedra Ibarra tramitó la petición ante el primer tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, que recibió el oficio firmado por Cecilia Velasco Aguirre, coordinadora general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos de la CNDH, en la Ciudad de México, en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones.

Asimismo, informó al colegiado la imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento de la protección constitucional otorgada en este asunto; “además, solicita la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el acuerdo del tribunal.

Registros judiciales indican que un particular también pidió a la SCJN atraer el asunto, pero el magistrado presidente, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó la petición.

“Agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia electrónica emitida por la Secretaría General de Acuerdos de la Corte, mediante la cual informa que desecha la facultad de atracción número 966/2025 de su índice, para conocer del cumplimiento de la protección constitucional otorgada en este asunto. Lo anterior, hágasele del conocimiento al tribunal colegiado de apelación del decimonoveno circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas.”

A finales de febrero, la CNDH dio a conocer que recibió la notificación del tribunal colegiado de esa ciudad, ordenándole dar cumplimiento a la resolución dictada hace ocho años de crear dicha comisión y no permitir que peritos de la FGR participen en las pesquisas.

En aquella ocasión respondió que la formación de una nueva comisión de investigación sobre hechos que ya fueron objeto de un análisis institucional, y que dieron lugar hace ocho años a la recomendación 15VG/2018, previamente referida, y desde hace cuatro años a su revisión en un contexto jurídico distinto, plantea un conflicto de intereses, directo y jurídicamente insalvable.

Indicó que la intervención de la CNDH en la llamada Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala implicaría revisar, valorar y eventualmente modificar conclusiones que se han formulado, “lo cual comprometería los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que rigen nuestra actuación institucional. Por ello, no resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones...”.